“Datosbancarios/La Fiscalía General de la República(FGR) no puede acceder a los datos bancarios de las personas sin la autorización de un juez, así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien mencionó que en caso de hacerlo representa un acto anticonstitucional.
Durante la sesión del pleno, por mayoría de cuatro votos contra uno, lo ministros estimaron que el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el derecho a la vida privada, por lo que prohibió que el Ministerio Público federal pueda acceder a la información bancaria y financiera de una persona para el desarrollo de una investigación.
“La Primera Sala consideró que si bien el derecho a la privacidad, en la vertiente de protección del secreto bancario, no es irrestricto y admite excepciones, para los fines de una investigación penal es necesaria la intervención judicial”, señaló el proyecto de la ministra ministra Margarita Ríos Farjat.
Esto es que previo a que la FGR requiera información financiera de algún cliente a los bancos, un juez debe emitir una orden que avale la intervención para la comprobación de un posible delito.
“Permitirse al ministerio público solicitar información bancaria de una persona sujeta a una investigación penal sin que tenga intervención una autoridad judicial, ello se traduciría en una vulneración al derecho a la privacidad. Por lo tanto, para que una intromisión a la vida privada de las personas sea acorde con los parámetros constitucionales y convencionales, es necesaria la intervención y supervisión judicial”, añadió.
La discusión en el Alto Tribunal sobre el secreto bancario se desprendió de un amparo promovido por Peter Bauer Mengelberg López, cuñado del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, y de quien la FGR solicitó información de sus cuentas bancarias sin una orden judicial.
La investigación contra Mengelberg López por posible defraudación fiscal surgió luego de que se inició una diligencia en contra del magistrado por aparentes operaciones irregulares.
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