Prohíben solicitar identificación en autobús.

El reciente fallo del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México ha marcado un hito en la defensa de los derechos de migrantes y ciudadanos. En una decisión emitida en el caso Amparo en Revisión 686/2025, el tribunal declaró inconstitucional la exigencia de identificación oficial o comprobación de situación migratoria para la adquisición de boletos de autobús en el país. Este pronunciamiento impacta directamente en la política que el Instituto Nacional de Migración (INM) había implementado entre 2019 y 2021, que obligaba a las empresas de autotransporte a verificar el estatus migratorio de los pasajeros.

La resolución, resultante de esfuerzos conjuntos de la Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), subraya que la práctica de exigir documentos migratorios no solo infringe el derecho al libre tránsito, garantizado por el artículo 11 de la Constitución mexicana, sino que también constituye un acto de discriminación por nacionalidad, en contravención del artículo 1° constitucional.

El tribunal destacó que las empresas de transporte carecen de facultades para actuar como autoridades migratorias y revisar la situación de los pasajeros. Esto pone en relieve la grave responsabilidad que recae sobre ellas al participar en una política que, en última instancia, ha sido considerada como un catalizador de prácticas peligrosas, incluyendo el uso de rutas clandestinas y redes de tráfico de personas, que ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en movilidad.

Dentro de este contexto, el tribunal ordenó al INM tomar las medidas necesarias para garantizar que cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, pueda adquirir boletos de autobús. Esta decisión no solo restaura el acceso a un servicio esencial para la movilidad, sino que también afirma el compromiso con los derechos humanos en el país.

El fallo, que refuerza el derecho al libre tránsito, es un avance importante en la lucha contra la discriminación y una oportunidad para fomentar un diálogo más amplio sobre la política migratoria y los derechos de las personas en movilidad. Ante un panorama donde la movilidad es constantemente restringida, esta resolución representa un paso firme hacia un sistema que respete la dignidad de todas las personas, sin importar su procedencia o situación migratoria.

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