Este miércoles se dieron a conocer las acciones fundamentales para implementar reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó la importancia que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum otorga a este crítico asunto, que se ha convertido en una prioridad nacional.
Entre las acciones destacadas se encuentra la expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, el cual debe estar listo a más tardar el 15 de octubre de 2025. Este reglamento se complementará con la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), que integrará planes de seguridad en las operaciones de búsqueda y protección a las familias afectadas.
Además, se implementará una Plataforma Única de Identidad y una Alerta Nacional de Búsqueda, herramientas indispensables que apoyarán la localización de personas desaparecidas. La utilización de datos biométricos e imágenes satelitales en las búsquedas también marcará un avance significativo.
Para fortalecer la infraestructura dedicada a la búsqueda y protección de personas, se buscará potenciar las Fiscalías Especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses. Una Base Nacional de Carpetas de Investigación será creada para consolidar el trabajo precedente. Asimismo, se prestará atención al rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos, así como ofrecer asistencia integral a los hijos e hijas de personas desaparecidas.
El Sistema Nacional de Búsqueda celebrará sesiones de trabajo que incluirán más de 450 colectivos y familias representadas por diversas redes y plataformas, que aportaron 570 propuestas legislativas agrupadas en cinco ejes: búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos y sistemas de información, bienestar, y prevención. También se buscará fomentar la sensibilización de la población para prevenir factores de riesgo.
La secretaria de Gobernación subrayó que no es suficiente con la aprobación de la ley; se están tomando en cuenta los planteamientos surgidos y la armonización de instrumentos normativos para el desarrollo de políticas públicas efectivas.
Este esfuerzo ha reunido la colaboración de diversas dependencias del Gobierno de México, como el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros, demostrando un compromiso multifacético para abordar la grave problemática de las desapariciones en el país.
Mientras tanto, es vital que todos los sectores de la sociedad se unan en esta lucha, promoviendo un entorno donde cada vida cuente y cada desaparición sea tratada con la urgencia y la dignidad que merece.
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