La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia de género en México al firmar la iniciativa de la Ley General sobre Feminicidio, la cual será enviada al Congreso de la Unión. Dicho proyecto busca establecer una definición unificada del feminicidio en todo el país, con el claro objetivo de fortalecer las investigaciones sobre este delito y asegurar la atención integral a las víctimas y sus familias.
Durante una conferencia matutina el pasado 15 de julio de 2026, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta se origina a raíz de la reforma constitucional promulgada el 6 de mayo, que empodera al Congreso para legislar en esta materia. En la actualidad, las 32 entidades federativas manejan diferencias notables en la tipificación del feminicidio, lo que complica la justicia y contribuye a una alarmante cantidad de errores en las clasificaciones de casos, como la confusión entre feminicidios y homicidios.
La iniciativa establece que el feminicidio se comete cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género, delineando 10 supuestos que facilitarán la identificación de este tipo de crímenes, tales como antecedentes de violencia y estereotipos de género. Además, la propuesta estipula una pena de entre 50 a 70 años de prisión y contempla 19 agravantes que podrían intensificar la sanción. Entre estas agravantes se encuentran situaciones específicas, como si la víctima es una niña, una mujer embarazada o un periodista. También se prevé sancionar la tentativa de feminicidio y establecer penas adicionales relacionadas con la pérdida de derechos parentales y otros.
Uno de los elementos más relevantes de esta legislación es la obligación de todas las fiscalías del país a implementar protocolos de investigación con perspectiva de género. La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, destacó que las investigaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por fiscalías o unidades especializadas. Esta medida también incluye la coordinación entre ministerios públicos, policías, peritos y personal técnico debidamente capacitado.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez Saracibar, subrayó que la iniciativa también se enfoca en los derechos de las víctimas, asegurando el acceso a la verdad, atención médica y psicológica, y asesoría legal gratuita. Una de las propuestas más innovadoras es la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, para proteger y garantizar su bienestar.
Claudia Sheinbaum ha afirmado que el feminicidio representa la forma más extrema de violencia contra las mujeres, un problema que, aunque ha mostrado una tendencia a la baja, sigue estando presente en muchas partes del país. Uno de los desafíos más apremiantes es la clasificación errónea de muertes violentas de mujeres, que, en ocasiones, se manejan como suicidios o homicidios, obviando los antecedentes de violencia de género.
La presidenta reafirmó su compromiso por garantizar que exista cero impunidad frente a los feminicidios, anunciando así el envío de esta crucial iniciativa al Congreso para su discusión y eventual aprobación. Con estos esfuerzos, se espera un cambio significativo en la forma en que se aborda el feminicidio y, en última instancia, un avance real hacia la protección y dignidad de las mujeres en México.
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