El viernes, el Consejo Asesor de Preservación Histórica (ACHP) de EE. UU., conformado principalmente por miembros designados por el expresidente Donald Trump, presentó una propuesta interna que podría transformar la protección de los sitios históricos en el país. Este borrador sugiere la eliminación de regulaciones federales que exigen la participación del público y los estados antes de comenzar cualquier construcción en estos lugares, lo que ha suscitado serias inquietudes.
Las enmiendas propuestas han generado temores de que, si se aprueban, Trump obtendría un poder casi ilimitado para desarrollar ambiciosos y controvertidos proyectos que lo conmemoren en la capital nacional. Esto podría poner en riesgo no solo el patrimonio arquitectónico, sino también sitios que las comunidades indígenas consideran sagrados.
Charles A. Birnbaum, CEO de la Fundación Cultural del Paisaje, destacó que esta propuesta representa un asalto masivo a leyes que han servido al país por más de seis décadas, reduciendo drásticamente el papel del público en el proceso. Marion F. Werkheiser, abogado de Cultural Heritage Partners, advirtió que las comunidades podrían enterarse de grandes proyectos en su vecindario solo cuando los bulldozers ya estén en acción.
En la actualidad, la Ley de Preservación Histórica de 1966 establece un proceso federal conocido como Sección 106, que implica consultas antes de la construcción en terrenos federales, proyectos privados que requieran aprobación federal y lugares potencialmente incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Este proceso permite que las partes interesadas, incluidas las organizaciones de protección patrimonial, expresen sus preocupaciones, aunque no tienen poder de veto sobre los proyectos propuestos.
Sin embargo, el ACHP argumenta que los cambios son necesarios para hacer el proceso más ágil y menos burocrático. Entre las modificaciones mencionadas, se sugiere que los comentarios del público sean opcionales y no obligatorios en el proceso de la Sección 106.
Travis Voyles, vicepresidente del ACHP, ha solicitado una votación sobre estas enmiendas antes del final de esta semana. Por ahora, la Casa Blanca se ha negado a hacer comentarios sobre la situación.
Potencialmente, estas modificaciones no solo despojarían a las comunidades de su capacidad para influir en el desarrollo en su entorno, sino que también podrían definir un futuro en el que el patrimonio cultural de EE. UU. esté más expuesto a la erosión. La antigüedad del proceso actual y sus objetivos de involucrar a la comunidad podrían ser reemplazados por una visión centrada en la eficiencia administrativa, dejando a la sociedad civil en la oscuridad respecto a decisiones que afectan su patrimonio compartido.
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