Miles de personas se manifestaron este jueves en Buenos Aires en oposición a un controvertido proyecto de ley sobre la propiedad privada, promovido por el presidente Javier Milei. La protesta, que congregó a sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, rápidamente se tornó violenta, con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua.
La principal preocupación de los manifestantes radica en un punto fundamental del proyecto: la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. Este aspecto fue retirado de la iniciativa, aun así la movilización se mantuvo fuerte. “Yo quiero que caiga la ley completa”, afirmó Roxana Parapugna, socióloga de 51 años, mientras otros participantes, como el jubilado Carlos Miño, subrayaron que “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes”.
Este nuevo proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” busca dificultar las expropiaciones por parte del Estado y facilitar desalojos ‘express’. En medio de intensas lluvias, los manifestantes cantaron “La patria no se vende” frente al Congreso, el epicentro de la movilización.
La norma, que estaba en discusión, había sido objeto de críticas intensas en su propuesta original, la cual buscaba levantar las restricciones vigentes desde 2011 que limitaban la venta de tierras a extranjeros a un máximo del 15%. Aunque el gobierno intentó elevar este porcentaje hasta el 25%, finalmente decidió eliminarlo del proyecto ante la falta de apoyo político.
Con datos alarmantes, un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet señala que más de 13 millones de hectáreas en Argentina están en manos de propietarios extranjeros, superficie comparable al tamaño de Inglaterra. Aunque el límite del 15% no se supera en ninguna de las 23 provincias argentinas, 31 departamentos ya lo han sobrepasado, con algunos municipios en Misiones alcanzando hasta el 80%.
La fuerte oposición social también se hizo eco dentro del propio oficialismo, ya que gobernadores habitualmente afines a Milei se unieron al rechazo, lo que condujo a la suspensión de la reforma. El proyecto, que aún debe ser debatido en la Cámara de Diputados, continúa generando descontento por sus propuestas, que también abordan el fortalecimiento de las barreras a las expropiaciones y la aceleración de desalojo por impagos de alquiler.
A medida que se avanza en el debate, la discusión sobre la gestión de tierras y la propiedad privada seguirá siendo un tema central en la agenda política argentina, con repercusiones que podrían resonar en el horizonte social y económico del país.
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