El pasado 28 de abril estalló en Colombia una ola de protestas sin precedentes en el país. Desde ese momento, con altibajos, se viven protestas constantes. Hace cerca de tres semanas el comité del paro nacional señaló una pausa en las marchas, con el objetivo de dejar pasar el tercer pico de la pandemia y, además, evitar el desgaste de las movilizaciones. En ese momento, el comité citó para el 20 de julio una gran movilización y la retoma de las protestas. Si bien dicha decisión no fue asumida por muchos grupos juveniles, lo cierto es que logró desactivar a la mayoría de las personas que salían recurrentemente a marchar.
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En medio del cese de las marchas y su reinicio, el próximo 20 de julio, han sucedió al menos tres cosas que impactarán las movilizaciones de la próxima semana. Por un lado, el Gobierno nacional inició lo que podría considerarse una política de la provocación: anunció un proyecto de ley para criminalizar la protesta, cerró cualquier posibilidad de negociación y, además, ha desplegado una estrategia mediática para calificar la protesta social como una gran conspiración de la “izquierda internacional” y un tema de terrorismo.
Es decir, se ha negado a ver la realidad de Colombia, donde millones de personas no pueden comer tres veces al día, el desempleo juvenil llega al 30% en las grandes ciudades, el de las mujeres ronda el 27% y, en general, hay una crisis económica profunda. A esto se le suma la crisis de seguridad que atraviesa Columna Digital y la fuerte crisis política y de legitimidad de las instituciones nacionales.
