El enfrentamiento abierto entre los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el Gobierno, lejos de amainar, subió este miércoles un nuevo peldaño.
El motivo: la decisión de los dos partidos del Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, de votar en el Congreso en contra de una proposición de ley del PP que planteaba una modificación legal para facilitar nuevas subidas salariales para los agentes de ambos cuerpos con el argumento de que la equiparación salarial con las policías autonómicas aún no se había producido.
Las cuatro organizaciones mayoritarias de agentes mostraron, tras conocerse el resultado de la votación, su malestar con los partidos del ejecutivo.
El debate parlamentario por la equiparación salarial de este miércoles ha servido para reproducir milimétricamente la división política surgida ante las reclamaciones policiales contra la reforma de la ley mordaza. Por un lado, los tres partidos de la derecha, que consideran a las fuerzas de seguridad y sus familias un importante caladero de votos, ha apoyado en bloque la propuesta del PP, aunque Vox y Ciudadanos consideran que se queda corta para las aspiraciones de los agentes.
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Enfrente, el PSOE y Unidas Podemos, que creen que la proposición no era “jurídicamente viable” e, incluso, que no tenía encaje en la Constitución. Entre medias, acusaciones cruzadas de los grupos parlamentarios en los que han salido a relucir ETA, el caso Kitchen, el dictador Francisco Franco y, por supuesto, la ley mordaza. El resultado final de la votación, 155 votos a favor de iniciar su tramitación y 190 en contra.
Entonces, los sindicatos y asociaciones salieron en tromba a criticar la iniciativa al considerar que, de aprobarse, supondría un perjuicio para el trabajo diario de los agentes. Por ello, anunciaron movilizaciones que se plasmaron, primero, en concentraciones y, días después, en una manifestación, el pasado 27 de noviembre, que congregó a 20.000 personas en las calles de Madrid.
En ambas protestas, los agentes estuvieron arropados por PP, Vox y Ciudadanos, cuyos tres líderes (Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente) acudieron a las protestas.
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