Los jóvenes manifestantes en las calles de Cali, la tercera ciudad de Colombia. Sufrieron una “represión violenta” a manos de la fuerza pública y de civiles armados en medio de las protestas mayoritariamente pacíficas. Contra el Gobierno de Iván Duque de los últimos meses, señaló este viernes Amnistía Internacional.
Después de revisar reportes y denuncias, en un proceso que incluyó la verificación digital de abundante material audiovisual. La ONG considera que “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional” cometidos por miembros de la fuerza pública. “No son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento. Destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica”.
Amnistía Internacional hace un recuento de un saldo al que ya han aludido diversas organizaciones de derechos humanos –aunque los números varíen según la fuente– que han denunciado la muerte de al menos 28 personas desde el 28 de abril como resultado del “accionar ilegal” de la fuerza pública en el marco de todo tipo de manifestaciones. Las protestas, detonadas en un primer momento por una fallida reforma tributaria, ya han amainado. A ese balance se suman al menos 90 casos de lesiones oculares, 28 de violencia sexual y cerca de 2.000 detenciones arbitrarias, así como más de 300 desaparecidos, según el informe Cali: En el epicentro de la represión. También documenta las agresiones de grupos de civiles armados, “quienes, acompañando a agentes de la Policía Nacional, y con su aquiescencia y tolerancia. Atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano”.
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Cuando se cumplía un mes de las protestas y disturbios a finales de mayo. Luego de una nueva jornada de caos y violencia, el presidente Duque ordenó militarizar varias ciudades del país. Entre ellas Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, sobre el corredor del Pacífico. “La presencia de militares con más de seis décadas de formación para responder al conflicto armado, en las calles de centros urbanos, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas”, señala el documento, que se concentró en esa urbe “caracterizada por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural” debido a la dimensión de la crisis allí y las muchas denuncias.
El informa analiza tres episodios específicos en la ciudad de 2,2 millones de habitantes, en distintas jornadas. El primero, denominado “Operación Siloé”, el pasado 3 de mayo, evidencia el uso de armas letales contra manifestantes pacíficos en una incursión de policías y antidisturbios. Una noche en la que se registraron tres muertos por heridas de bala. El segundo, ocurrido el 9 de mayo, son los disparos de grupos de civiles armados contra los manifestantes que participaban en la minga indígena —una palabra sinónimo de resistencia o movilización—, “en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional”.
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Esa jornada dejó más de una decena de heridos. Y en el último, el 28 de mayo, denuncia de nuevo el uso excesivo de la fuerza por policías que actuaron coordinadamente con civiles armados. Al atacar manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. El documento también se hace eco de las recomendaciones de la visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas”, destacó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión. Infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, añadió.
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Aunque el Gobierno echó a andar la que califica como una “transformación integral” de la policía, sus anuncios no contemplan sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa para fortalecer los mecanismos de control y el liderazgo civil, como han recomendado varios expertos y la propia CIDH. “Esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, subrayó Guevara Rosas. Amnistía Internacional recomienda a las autoridades colombianas, entre varias medidas que ya han aconsejado diversas organizaciones, reconocer el carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones. Evitar estigmatizar las protestas y retirar a las fuerzas militares de las operaciones de orden público.
