El PSC ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2022. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Salvador Illa, jefe de la oposición en el Parlament de Cataluña, ha puntualizado que su partido está abierto a retirar dicha enmienda si se abre una negociación con el Govern y ha destacado que durante todo el fin de semana estará “operativo” un equipo integrado por los diputados Alícia Romero, Jordi Riba y Raúl Moreno por si el ejecutivo catalán se aviene a hablar.
Por ahora, en ausencia de esa negociación, el PSC se inclina por enmendar lo que considera “unos presupuestos de bloque, de parte”, marcados por unas posturas “muy radicales” por influencia de la CUP. Illa ha apuntado que también es una enmienda a la “actitud negativa” que en su opinión ha mostrado el presidente catalán, Pere Aragonès, en las últimas semanas. En este sentido, el socialista ha recordado que el president ha hecho oídos sordos a los reiterados ofrecimientos del PSC para negociar las cuentas, y que cuando ambos se reunieron no quiso explorar puntos de encuentro. “No ha habido ni un esfuerzo para hablar con nosotros y conocer nuestras propuestas. Del diálogo no hay que hacer tanta bandera. Hay que practicarlo más”, ha resuelto Illa.
Pere Aragonès en el Govern
Junts per Catalunya, el socio de Pere Aragonès en el Govern, y la CUP se vieron obligados este jueves a mover ficha tras la decisión del presidente de la Generalitat de abrir la negociación de los presupuestos catalanes también a los comunes. Tras la reunión que el grupo dirigido por Jéssica Albiach mantuvo con representantes de Economía y Presidencia, por la mañana, varios miembros de Junts y los anticapitalistas se vieron por la tarde para intentar acercar posiciones y sacar así unas cuentas solo con el apoyo de fuerzas independentistas.
La CUP, entre otras cosas, sigue insistiendo en que no es satisfactorio el nivel de cumplimiento del acuerdo de investidura con ERC. A Junts, por su parte, le han pedido que retire las enmiendas a la ley de vivienda que se tramita en la Cámara catalana. Los de Puigdemont quieren, por ejemplo, aumentar el umbral de número de viviendas por los que se considera a un propietario gran tenedor. En Cataluña el tope son ahora 15 viviendas.
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