Puebla ha tomado una nueva medida para enfrentar un problema creciente en las carreteras: el uso de los llamados “poncha llantas”, artefactos metálicos empleados para dañar los neumáticos de los vehículos. El 15 de marzo de 2026, el Congreso del Estado aprobó el Dictamen 1066, lo que marca un punto de inflexión en la seguridad vial de la región.
La iniciativa, presentada en junio de 2025, ha añadido dos nuevos artículos al Código Penal del Estado, específicamente los artículos 192 bis y 192 ter. Estos artículos tipifican como un delito el uso de objetos punzocortantes en vías públicas, estableciendo sanciones severas para quienes incurran en tales actos. A partir de ahora, el empleo de “poncha llantas” podría llevar a penas de prisión de hasta seis años, acompañadas de multas que varían entre cien y quinientas Unidades de Medida y Actualización.
La legislación busca proteger a los automovilistas y mejorar la seguridad en las carreteras, donde estos dispositivos se han convertido en herramientas comunes en ataques o robos. Los nuevos artículos no solo criminalizan el uso y la colocación de “poncha llantas”, sino que también penalizan a quienes se dediquen a su fabricación, venta o distribución, con la intención de utilizarlos de manera ilegal.
La Secretaría de Seguridad Pública ha enfatizado que estas medidas son necesarias para garantizar la integridad de todos los conductores que transitan por las vías de Puebla. En este contexto, la respuesta rápida de la Policía Estatal de Caminos ha quedado evidenciada, asegurando la atención a las personas afectadas por el uso de tales dispositivos en el Periférico Ecológico.
Al endurecer las penas por el uso de “poncha llantas”, Puebla da un paso decisivo hacia un entorno más seguro para los automovilistas, mostrando un compromiso serio en la lucha contra la delincuencia vial. Con estas nuevas normas, el estado se sienta en una posición más firme para enfrentar cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la seguridad de sus habitantes.
Esta actualización refleja un cambio significativo en la legislación de Puebla, donde la intención de proteger a la ciudadanía ha tomado un lugar central en la agenda pública del gobierno estatal.
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