La presión de los barones regionales para rediseñar el sistema de financiación autonómico se hace cada vez más fuerte. La revisión del modelo se hubiera tenido que acometer en 2014, pero la difícil coyuntura económica y la inestabilidad política ―en la que el procés ha contribuido de forma mayúscula― han retrasado una reforma no solo técnicamente compleja, sino políticamente endiablada.
El sistema de financiación de las comunidades de régimen común ―excluidas Navarra y País Vasco― se nutre de la recaudación de impuestos y de aportaciones del Estado, y tiene el objetivo de nivelar los servicios entre las comunidades más ricas y las más pobres para que todas puedan prestar los servicios públicos en las mismas condiciones. El Gobierno se ha comprometido a arrancar la reforma este noviembre con la revisión de la población ajustada, una variable que refleja la necesidad de gasto de cada comunidad ―y en función de ello reparte los recursos del sistema― tras ponderar el número de habitantes según factores demográficos y geográficos. Y sobre la cual no hay acuerdo entre autonomías.
El modelo en vigor está construido en torno a un intricado esquema de fondos, en el cual el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales es el más importante y el principal instrumento de nivelación de los servicios. Se trata de una bolsa común alimentada por aportaciones del Estado y por el 75% de los ingresos tributarios teóricos de cada comunidad ―la recaudación que cada región obtendría si no aplicara rebajas o subidas fiscales―, que se reparte cada año a las autonomías en función de su población ajustada. Las autonomías tienen cedidos el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales.
Esto es así porque el coste de prestar los servicios públicos se eleva, por ejemplo, cuando la población es más envejecida o el territorio está menos densamente poblado. De ahí que comunidades de distinto signo político pero con problemas territoriales similares (despoblación, dispersión, etcétera), como Castilla y León (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE), mantengan una posición común de cara a la reforma del sistema.
Distorsiones
El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales es el principal pilar del sistema de financiación y, en realidad, funciona de forma bastante eficiente. Respeta el principio de ordinalidad, los territorios mantienen su posición de riqueza tras el reparto, y distribuye los recursos de forma proporcional y equilibrada, según el consenso de la mayoría de los expertos en financiación autonómica.
A efectos de calcular la población ajustada, las variables demográficas son las más relevantes: la población protegida equivalente ―a efectos del sistema de salud― pesa por un 38%, seguida por el número total de residentes (30%), el de niños en edad escolar (20,5%) y el de mayores de 65 años (8,5%). Los factores geográficos, que comunidades más extensas y despobladas como Castilla y León (PP) o Aragón (PSOE) piden reforzar, tienen una importancia mucho menor: un 1,8% la superficie, un 0,6% la dispersión poblacional y un 0,6% la insularidad.
Pero, además del fondo de garantía, existen otros tres fondos ―suficiencia, cooperación y competitividad― que introducen ajustes al reparto y que los expertos consideran pocos transparentes y arbitrarios. Estos fondos son en realidad los que distorsionan el sistema y provocan ciertas desigualdades. Uno de sus fines es mantener el statu quo, es decir garantizar que ninguna comunidad pierda recursos con respecto al sistema anterior.
¿El resultado? Diferencias de financiación injustificadas entre territorios, según coinciden académicos y centros de análisis. De acuerdo con un reciente estudio de Fedea, Madrid es la comunidad que más recursos destina al sistema, seguida por Cataluña y Baleares; Cantabria y La Rioja son sin embargo las mejores financiadas por habitante ajustado. Por el otro lado, distintos análisis apuntan a que la Comunidad Valenciana y Murcia, junto a Andalucía y Castilla-La Mancha, reciben menos recursos que la media. Una distorsión que ha abierto un frente más de cara a la reforma del sistema: qué hacer con la deuda acumulada a causa de la infrafinanciación.
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