¿Qué se modificó con la nueva norma?

En julio de 2025, México dio un giro significativo en la regulación de la competencia económica con la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Esta legislación ha configurado un nuevo panorama de riesgos tanto para las empresas como para los directivos, al elevar los estándares de cumplimiento y aumentar las sanciones por incumplimiento.

Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la introducción de la certificación de programas de cumplimiento. Esta medida no solo busca facilitar el cumplimiento de la ley, sino que también fortalece el ámbito institucional al mejorar las facultades de investigación y sanción. Bajo esta nueva normativa, las empresas se enfrentan a un panorama más riguroso, donde el costo de incumplir puede resultar en multas que alcanzan hasta el 15% de sus ingresos anuales por prácticas colusorias. Además, estas acciones pueden acarrear consecuencias civiles, como demandas por daños, y la inhabilitación para participar en licitaciones públicas.

Para los directivos, el riesgo es igualmente significativo. La ley ahora contempla sanciones severas por no comparecer ante investigaciones o por obstaculizar auditorías, incluyendo la posibilidad de ser inhabilitados para ejercer cargos directivos durante un periodo de hasta cinco años. También existe la amenaza de investigaciones penales que podrían complicar aún más su situación, lo que posiciona a los directivos en un lugar de alta exposición legal.

Un cambio crítico introducido por la reforma es el tratamiento del intercambio de información entre competidores. Este aspecto puede aumentar la vulnerabilidad de las empresas, incluso en ausencia de un acuerdo colusorio explícito. Actividades que en otros contextos podrían considerarse legítimas, como la participación en asociaciones empresariales o ejercicios de benchmarking, ahora pueden interpretarse como riesgos potenciales. Las empresas estarán a la espera de directrices que aclaren los límites efectivos de estos intercambios.

Además, la reforma ha incorporado la figura del competidor potencial, ampliando así el alcance de la regulación a compañías que, aunque no estén activamente involucradas en un mercado, pudieran ingresar en un futuro cercano. Esta ampliación del campo de escrutinio busca prevenir prácticas que puedan alterar el saneamiento del mercado antes de que se materialicen.

Con el objetivo de mitigar estos y otros riesgos, la autoridad competente ofrecerá la posibilidad de certificar programas de cumplimiento con una vigencia de tres años. Esta certificación puede servir como un atenuante en ciertas circunstancias, alentando a las empresas a formalizar procesos internos que favorezcan la transparencia. Sin embargo, persisten inquietudes sobre cómo se manejará la información confidencial que las empresas deban proporcionar para obtener dicha certificación, lo que podría inhibir su disposición a participar en el proceso.

Independientemente de la certificación, las organizaciones deben desarrollar e implementar programas de cumplimiento que sean verdaderamente efectivos. Estos programas deben incluir políticas estrictas para evitar contactos indebidos con competidores, protocolos claros para la participación en asociaciones, capacitación adecuada para diversas áreas y mecanismos para la preservación de evidencias. De este modo, las empresas no solo podrán operar de manera más eficiente, sino que también contribuirán a un entorno competitivo más justo, mientras que sus directivos reducen su exposición a riesgos personales.

Este enfoque preventivo es vital para navegar el complejo paisaje regulatorio que se ha establecido y asegurar que tanto las organizaciones como sus líderes se alineen con las nuevas exigencias normativas en la era post-reforma.

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