Quien maneja la información dirige el mañana

En marzo de 2026, tres instalaciones de Amazon Web Services en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos sufrieron ataques aéreos por drones iraníes, marcando un hito significativo en la historia de la ciberseguridad: por primera vez, un centro de datos comercial se convirtió en un objetivo militar. Este incidente pasó desapercibido para el público general, pero subraya una realidad innegable. Los servidores que alojan datos nacionales y los chips que alimentan los modelos de inteligencia artificial (IA) son ahora tan vitales para un país como sus redes eléctricas o sus puertos, y este tipo de infraestructura es extremadamente vulnerable.

Durante años, las empresas han operado con un enfoque que permite la extracción de datos y la venta de servicios de IA, con escasa regulación en temas de privacidad. Sin embargo, la evolución de la IA ha llevado a su adopción en sectores fundamentales como el financiero, el de defensa y el sanitario, lo que significa que los datos para su entrenamiento y la capacidad de procesamiento son elementos que los gobiernos deben controlar. De lo contrario, su futuro podría quedar en manos de juntas directivas de empresas que operan sin consideración por el bienestar nacional.

En respuesta a estos retos, muchos gobiernos han comenzado a actuar. A finales de 2026, se prevé que el gasto global en "IA soberana" supere los 100,000 millones de dólares. Estados como Canadá, Francia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están estableciendo fondos nacionales para computación, mientras que la Unión Europea evalúa la infraestructura de IA soberana casi como una doctrina esencial, respaldando proyectos que buscan desarrollar una infraestructura de datos europea.

Este movimiento hacia la diversificación es, en principio, un paso en la dirección correcta para reducir la dependencia de un pequeño grupo de empresas tecnológicas en Estados Unidos y China. No obstante, también puede resultar en un sistema fragmentado, donde cada nación opera en aislamiento sin comunicación entre sí. La soberanía en IA implica al menos tres dimensiones, y muchos gobiernos solo están abordando una de ellas.

La residencia de datos —la práctica de mantener la información de los ciudadanos dentro del territorio nacional— es la más intuitiva de las tres y, a menudo, la más legislada. La soberanía computacional, que se refiere a quién posee la infraestructura que procesa esos datos, es más compleja; un país puede proteger sus datos, pero si estos son procesados en servidores ajenos, pierde control. La soberanía de gobernanza, que trata sobre la capacidad de establecer las normas de funcionamiento de los sistemas de IA, queda casi siempre en segundo plano.

La fragmentación en las regulaciones de IA complica aún más la situación. Aproximadamente 90 países cuentan con estrategias nacionales en este ámbito, y más de 30 tienen legislación aprobada. Sin embargo, las políticas frecuentemente chocan. La reciente Ley de IA de la Unión Europea impone sanciones significativas por incumplimiento, mientras que el enfoque de la administración estadounidense se basa en la desregulación como ventaja competitiva. En el contexto chino, el Plan de Acción de Gobernanza Global ofrece cooperación, pero con condiciones que favorecen sus intereses.

Un avance importante ha sido la adopción del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA, aunque su aplicación es limitada frente a la magnitud del reto. La ONU también ha advertido sobre una “carrera hacia el abismo”, donde la competitividad entre jurisdicciones por normas laxas podría descarrilar esfuerzos por garantizar seguridad.

Para lograr una verdadera soberanía de IA, se necesitan cuatro pilares claros y concisos: tratar la infraestructura de datos como algo vital para la seguridad nacional, establecer estándares de interoperabilidad y permitir auditorías rigurosas. Además, se requiere un diseño de mecanismos que prevenga la desigualdad en el acceso a la IA, garantizando que los beneficios de la inversión en computación soberana lleguen a países que actualmente carecen de recursos.

Nada de esto exige un tratado global complejo. Varios componentes necesarios para un marco de gobernanza ya existen. Sin embargo, la ausencia de una estructura que los integre es evidente y debe ser abordada. Con cada año que pasa sin acción, la infraestructura se expande y se vuelve más difícil de reconfigurar. La seguridad de los sistemas críticos no debe ser un destino seguro del que se dependa, sino un pilar sobre el cual construir un futuro donde los ciudadanos puedan tener control real sobre su bienestar, en lugar de dejarlo en manos de unos pocos que dominan la tecnología.

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