El periodista Rafael Moreno se había convertido en un obstáculo para muchas personas influyentes en la provincia de Córdoba debido a sus denuncias contra actos de corrupción e ilegalidades.
En 2017, Moreno solicitó el apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) después de recibir amenazas y sentirse en peligro, ya que era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Libertador, su ciudad natal.
La UNP es un organismo de seguridad que coordina la protección y la escolta de personas amenazadas en Colombia. Según cifras oficiales, más de 10 mil personas se encuentran bajo protección individual de la UNP, mientras que otras 50 mil tienen medidas cautelares a nivel colectivo.
La UNP otorgó una primera medida de protección a Rafael Moreno en junio de 2017, que incluía un guardaespaldas, un chaleco antibalas y un botón de pánico. En noviembre de 2018, el organismo incrementó su nivel de riesgo a “extraordinario” y le asignó una escolta adicional y un vehículo blindado.
A pesar de esto, las relaciones entre el periodista y la UNP se tensaron y en 2021 la UNP suspendió su apoyo, argumentando que Moreno había hecho un “uso abusivo de las medidas de protección”. Sin embargo, el periodista seguía recibiendo intimidaciones y en julio de 2022, dos meses antes de su asesinato, descubrió una carta con una amenaza de muerte y una bala en la caja de su motocicleta. La UNP retomó su caso y le otorgó, de nuevo, un guardaespaldas.
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