Un tribunal en Sri Lanka ha ordenado la detención preventiva de Ranil Wickremesinghe, ex presidente y figura prominente de la oposición, en el contexto de una intensificada campaña anticorrupción. Esta iniciativa ha surgido con la llegada al poder de Anura Kumara Dissanayake, un mandatario de izquierda que prometió enfrentar la corrupción persistente en un país que enfrenta serios retos económicos.
Wickremesinghe, de 76 años, fue arrestado tras ser interrogado sobre su reciente visita a Londres, donde asistió a una ceremonia universitaria en honor a su esposa, lo que levantó sospechas por su aparente uso indebido del cargo. Acusaciones como “apropiación indebida de bienes” y “abuso de confianza” lo enfrentan, con penas que podrían alcanzar los 20 años de prisión. Sin embargo, sus representantes legales han destacado sus problemas de salud, incluyendo cuestiones cardíacas y diabetes.
El ex mandatario había viajado a Londres durante una gira que incluía su participación en la Asamblea General de la ONU y en una cumbre del G77 en La Habana. Su oficina ha desmentido las acusaciones de abuso de poder, defendiendo la legalidad de su visita.
Wickremesinghe asumió la presidencia en julio de 2022, luego de la renuncia de Gotabaya Rajapaksa en medio de protestas masivas ante una crisis económica. Durante su gobierno, logró asegurar un préstamo de 2,900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, a cambio de implementar medidas severas, como el drástico aumento de impuestos y la eliminación de subsidios energéticos. Tras perder las elecciones de septiembre de 2024 ante Dissanayake, las circunstancias actuales del ex presidente marcan un capítulo significativo en la política de Sri Lanka.
La detención de Wickremesinghe se presenta no solo como un acto judicial, sino como un reflejo de la lucha interna del país contra la corrupción, tema crítico en la agenda pública desde la crisis económica profunda que ha afectado a la nación. Esto genera un marco de tensión política y social mientras se desarrollan investigaciones que buscan poner fin a la cultura de impunidad que, durante años, ha imperado en el país.
Este evento resuena especialmente entre los ciudadanos que han estado clamando por una mayor transparencia y responsabilidad entre sus líderes, lo que puede tener repercusiones importantes para el equilibrio de poder en el país que sigue lidiando con sus problemas socioeconómicos y políticos.
Esta información corresponde a la fecha de publicación original, el 22 de agosto de 2025.
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