Reactivación minera en México y Estados Unidos

Después de siete años de pausa en la concesión de permisos para la exploración minera, México parece estar a un punto de inflexión crucial. Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) —la cual representa el 90% del valor de la producción nacional— indicó que, ante el interés reciente de Estados Unidos por asegurar el acceso a minerales críticos, se perfila un panorama propicio para reactivar un proceso que ha estado congelado desde 2019.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había argumentado, en su momento, que la suspensión de nuevas concesiones era necesaria debido a un exceso de territorio concedido y a la revisión del modelo extractivista. Este enfoque buscaba alinear la política minera con una visión de soberanía que limitó también la participación privada en sectores energéticos. Como resultado, la superficie concesionada se vio reducida en un 20%, alcanzando aproximadamente 16,8 millones de hectáreas.

Recientemente, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a establecer diálogos con la industria, trabajando en un inventario del sector. En febrero de 2026, la mandataria anunció la recuperación de 1.126 concesiones correspondientes a 889.512 hectáreas, principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Jalisco, muchas de las cuales estaban ubicadas en áreas naturales protegidas. Rivero destacó que este esfuerzo gubernamental ha permitido medir con mayor claridad el área involucrada en concesiones y quiénes son sus titulares.

La anticipación en el sector minero también responde a los movimientos estratégicos de Estados Unidos, que busca reubicar sus cadenas de suministro de minerales críticos —fuertemente依 y de dependencia de China— hacia el continente. En un plan de acción establecido en febrero, ambas naciones están evaluando la posibilidad de colaborar más estrechamente en la producción y comercialización de minerales fundamentales para su industria, como litio, plata y cobre. Estos minerales son vitales para la transición energética y el desarrollo de tecnologías modernas, como vehículos eléctricos.

Simultáneamente, los actores privados han solicitado al Gobierno mexicano la inclusión de un capítulo sobre minería en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Este examen comenzó este mes con una reunión oficial entre las partes, en un contexto marcado por tensiones anteriores y la búsqueda de una alineación más fuerte en asuntos comerciales.

A nivel global, México se posiciona como proveedor de 12 de los minerales críticos necesarios y ocupa lugares destacados en la producción de 19 de las 60 materias primas identificadas por Estados Unidos. Esta situación presenta una ventana de oportunidad para que ambos países evalúen sus respectivas industrias y busquen establecer una autosuficiencia regional.

Sin embargo, los desafíos persisten. La industria enfrenta cuellos de botella significativos, incluidos cientos de permisos ambientales y de agua que están pendientes de aprobación. La Cámara Minera de México señala que la tasa de crecimiento anual de varios minerales críticos ha sido negativa en la última década, subrayando la urgencia de cambios en la legislación vigente. La reciente reforma a la Ley Minera ha reducido la duración de las concesiones de 50 a 30 años y ha sustituido su asignación directa por procesos de licitación pública más controlados por el Estado. Además, se han reforzado las exigencias ambientales, priorizando el consumo humano del agua y ampliando las causales para la cancelación de concesiones.

Finalmente, el Servicio Geológico Mexicano ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo actividades de exploración, un paso que indica un cambio significativo en la estrategia del país hacia el sector. A pesar de los riesgos económicos que puede implicar, esta nueva estructura busca facilitar una combinación más efectiva entre las capacidades del Estado y el porcentaje de participación privada en un sector en constante evolución.

La reactivación de la minería en México, marcada por estos nuevos desarrollos y diálogos, puede representar no solo una oportunidad económica, sino también un camino hacia un futuro más sostenible y responsable en la explotación de recursos naturales.

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