La posibilidad de acceder a internet es desigual para los mexicanos. Aunque se trata de un derecho humano reconocido desde 2013, México padece de una brecha digital que conecta a las grandes ciudades, pero descuida a las personas que viven en comunidades rurales o sin acceso a infraestructura. Aunque el Gobierno de México tiene varios proyectos para favorecer la conexión a internet, son las empresas privadas las grandes encargadas de brindar conectividad.
En junio de 2013, la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica planteó la creación de una red de telecomunicaciones mayorista, que estaría obligada a dar acceso a los operadores móviles, reduciendo los costos de conexión y favoreciendo que las personas que no estuvieran conectadas a internet, pudieran hacerlo a un precio menor.
Sin embargo, el proyecto de la Red Compartida presenta importantes rezagos en cuanto a su despliegue y el número de usuarios que se conectan. Altán Redes, la entidad público-privada a la que le fue encargada el despliegue de esta red, cuenta hasta el momento con una cobertura de 70% del territorio de México, sin embargo, solo da servicio final a seis millones de usuarios para internet fijo o residencial, aunque buena parte de ellos lo hace mediante dispositivos móviles. “No hay una política de conectividad en esta administración y hasta ahora, aunque no se puede hablar de un proyecto fallido, la Red Compartida es insuficiente”, dice en entrevista Michel Hernández Tafoya, director general de Observatel, una asociación que promueve el acceso a las telecomunicaciones en Columna Digital.
La conectividad móvil de México corre a cargo de tres grandes empresas en México: América Móvil, del multimillonario Carlos Slim, que posee el 62,1% de las conexiones móviles, seguido por Telefónica, con 19,4% de los usuarios, y la estadounidense AT&T, con 15,7% de las líneas de celular. Los Operadores Móviles Virtuales, que no cuentan con infraestructura propia, pero que pueden hacer uso de otras redes (como las de Telcel o la Red Compartida) representan el 2,7% de los usuarios, es decir, poco más de 3,5 millones de líneas al primer trimestre de 2022, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El mes pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó una prórroga de cuatro años a Altán Redes y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) de cumplir la cobertura poblacional de 92,2% de la población, dando como fecha final el 24 de enero de 2028. “Las prórrogas de referencia limitan a operar la Red Compartida, lo que distorsiona el mercado e incumple con la obligación de prestar servicios móviles con mayor cobertura y capacidad”, dice en entrevista Francisco Hernández Juárez, secretario del sindicato de telefonistas de México.
Así, el despliegue de la red tardará por lo menos cuatro años más, pese a que en Columna Digital ya hay “deja a los mexicanos que viven en esas localidades excluidos del desarrollo y el bienestar digitales, sin el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales habilitados por las tecnologías”, considera Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Además de que hay retrasos en el despliegue de la Red Compartida, la asociación público-privada presenta varios problemas económicos. En julio de 2021, Altán Redes solicitó un concurso mercantil para poder continuar el despliegue de la red, mientras que en agosto obtuvo un crédito por parte de accionistas bajo la regulación de la Ley de Concursos Mercantiles por 50 millones de dólares, lo que la ayudaría a mantener la operación de la red. “Suena a que tendremos que rescatar una empresa moribunda por parte del Gobierno, por ello se tiene que garantizar que haya conectividad en las zonas alejadas, el principal motor de este proyecto”, dice Hernández Tafoya.
La reforma constitucional considera que la Red Compartida reducirá el costo del megabyte por minuto a una cuarta parte de su valor mediante la inversión de 7.000 millones de dólares para la explotación de la banda de 700 MHz, considerada como la materia prima de mayor calidad para proveer servicios móviles.
La administración de Andrés Manuel López Obrador pretende llevar conectividad a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, un proyecto que se valdría del despliegue de la Red Compartida para llegar a los municipios más alejados de México. “El escenario es complejo”, dice el director de Observatel, “ya que bajo un entorno de inflación, el atractivo para invertir en telecomunicaciones disminuye”, comenta.
De acuerdo con un análisis de la firma de análisis The Competitive Intelligence Unit, el modelo de negocio de la Red Compartida representa una oportunidad para el crecimiento de los Operadores Móviles Virtuales, además de ser una oportunidad para otras empresas de subirse a la prestación de servicios móviles. Tiendas de ropa, departamentales empresas de servicios vacacionales, farmacias y otras serían las principales aliadas de la Red Compartida. “El Gobierno tiene que pensar en otras posibilidades de conectividad, como las redes comunitarias, no solo prestar atención a un solo proyecto”, concluye Hernández Tafoya.
Este tipo de red mayorista solo ha sido explotado en países como Australia y Sudáfrica, mientras que en Estados Unidos se contemplaba la posibilidad de hacer el despliegue de una red similar. El economista Thomas Hazlett advirtió en un artículo publicado en The Wall Street Journal que, de seguir con este modelo, podría resultar en un fracaso, ya que no facilitaría las inversiones para promover la conectividad 5G.
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