Red de lavado chino en México

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado que, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, las instituciones financieras estadounidenses presentaron 137,153 reportes de actividad sospechosa relacionados con redes chinas que están involucradas en el lavado de dinero para los cárteles mexicanos. Este lavado de dinero suma un asombroso total de 312,000 millones de dólares. Aunque esta información proviene del sistema financiero de Estados Unidos, pone de manifiesto un problema que, aunque es conocido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, rara vez se aborda de manera efectiva.

Los cárteles mexicanos, cuya principal actividad es la exportación de drogas, enfrentan el reto de convertir miles de millones de dólares en efectivo en pesos utilizables dentro de México. Aquí es donde entran estas redes chinas. En México, existen restricciones estrictas para depositar dólares en los bancos, mientras que en China la ley limita el envío de más de 50,000 dólares por persona al año al extranjero. Por un lado, los cárteles acumulan grandes cantidades de dólares que no pueden usar oficialmente; por otro lado, muchos ciudadanos chinos buscan adquirir dólares fuera del sistema financiero convencional. Esta dinámica crea un terreno fértil para la colaboración.

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El mecanismo de operación engaña a las autoridades estadounidenses, quienes no pueden procesar a los compradores de dólares, ya que la compra en sí misma no constituye un delito. El problema radica en el origen ilícito del dinero. Este proceso funciona como un intercambio donde el narcotraficante entrega sus dólares a un intermediario chino a un precio de descuento porque necesita deshacerse de ellos rápidamente. Este intermediario, a su vez, los vende en el mercado negro a clientes chinos ansiosos por obtener dólares, mientras deposita los pesos en México a través de prestanombres o empresas fachada. Así, el intermediario obtiene ganancias múltiples al cobrar una comisión por sus servicios.

La UIF ha señalado que el sector inmobiliario es uno de los principales canales para infiltrar dinero ilícito en la economía mexicana. Solo en 2022, el sector recibió 321,635 reportes de operaciones inusuales, además de más de un millón de avisos procedentes del régimen de Actividades Vulnerables, que comprende sectores como inmuebles, joyería y casinos, que son obligados a reportar estas actividades.

Este entramado no se sustenta en unos pocos genios financieros, sino que involucra a miles de personas y entidades en México: prestanombres, contadores, abogados, notarios, agentes inmobiliarios, funcionarios bancarios y empresas fachada. De esta manera, las economías formal y criminal están más interconectadas de lo que se podría imaginar.

Las cifras judicializadas en este ámbito representan menos del 0.1% de lo que realmente circula, lo cual es alarmante. Según las estimaciones de la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional, entre el 2 y el 5% del PIB mexicano proviene de flujos ilícitos, lo que equivale a entre 665,000 millones y 1.66 billones de pesos anuales. Este fenómeno significa que parte del crecimiento económico está sustentado en capital criminal, contribuyendo a la distorsión de los precios, erosionando la competencia y alimentando la corrupción y la violencia.

Así, los cárteles han encontrado en las redes chinas el socio ideal para lavar sus inmensas fortunas, mientras que México se enfrenta a una colosal red de cómplices que los apoyan. Este fenómeno revela la realidad de un país que crece, pero que al mismo tiempo convive con un tumor maligno que lo socava.

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