La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha dado un paso significativo en la expansión de la red ferroviaria mexicana al lanzar licitaciones públicas internacionales para la construcción de los tramos Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Con un presupuesto total de 4,284 millones de pesos, el financiamiento de estos proyectos ha sufrido una reducción considerable del 63% en comparación con lo que inicialmente se contemplaba en el proceso de convocatoria.
Un aspecto clave es el cambio en el anticipo a las empresas ganadoras, que se ajustará al 20% del monto del contrato, en lugar del 30% propuesto en un principio. Estas obras incluirán la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción, las pruebas y la puesta en servicio de las infraestructuras ferroviarias.
El tren Saltillo-Nuevo Laredo tiene asignado un presupuesto para este año de 2,908.7 millones de pesos, notablemente inferior a los 7,934 millones de pesos que figuraban en la propuesta inicial. Asimismo, el primer subtramo de 30.3 km para el tren Querétaro-Irapuato pasó de 3,567 millones de pesos a solo 1,376 millones de pesos.
No obstante, las empresas interesadas han expresado sus preocupaciones sobre el ajustado cronograma. Construcciones Urales, por ejemplo, solicitó un periodo de 10 semanas para preparar sus ofertas, citando la complejidad del proyecto en Saltillo-Nuevo Laredo. Por su parte, Operadora CICSA abogó por más tiempo para poder evaluar adecuadamente la ingeniería básica del proyecto Querétaro-Irapuato, considerando los altos riesgos asociados.
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) desestimó ambas solicitudes de extensión de plazos, manteniendo el calendario propuesto. Las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse el 8 y 7 de julio, respectivamente, y se anticipa que durante las juntas de aclaraciones muchas constructoras solicitarán tiempo adicional para preparar sus propuestas de manera adecuada.
Es importante tener en cuenta que los compromisos financieros para la continuación de estos proyectos quedarán supeditados a la disponibilidad presupuestaria de años fiscales posteriores. Así, mientras se perfila un avance en la infraestructura ferroviaria de México, el desafío de crear un entorno favorable para los contratistas y asegurar una ejecución efectiva de las obras permanece en el horizonte.
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