Si hubiera que reducir la violencia machista a un puñado de cifras, como han hecho los sucesivos gobiernos en México. En el país han sido asesinadas 3.952 mujeres en solo un año. Si se pudiera dimensionar esta cifra —y el dato de 10 asesinadas al día no fuera suficiente para alertar a las autoridades a tomar cartas en el asunto—en tres años de Administración de Andrés Manuel López Obrador se ha matado a una cantidad de mujeres suficiente para llenar el Auditorio Nacional hasta la bandera, más de 11.000.
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El presidente ha tenido que reconocer durante su tercer informe de Gobierno que el feminicidio ha sido de los pocos delitos, según sus datos, que se han incrementado en un 13% durante su mandato. Mientras la violencia en el país fluctúa con un centenar de homicidios más o menos cada año, a ellas las matan siempre más. Si la tendencia continúa y nadie la frena, pronto el número de muertas llenará la enorme plancha del Zócalo en la capital.
En marzo de este año un grupo de mujeres activistas proyectaron sobre el símbolo del Ejecutivo, el Palacio Nacional, un mensaje contundente: México feminicida. Y quebraron así el muro levantado por el propio Gobierno para resguardar la institución ante la catarsis colectiva de mujeres que golpearían sus puertas un día después, el 8 de marzo.
A las feministas y a los colectivos que representan a muchas de ellas — más de un 60% ha reconocido sufrir violencia machista alguna vez en su vida— y a muchas madres que buscan justicia por sus hijas asesinadas, se les ha tildado de opositoras y de ser un obstáculo para el proyecto de nación del presidente. Desde los pasillos de Palacio no se ha comprendido tres años después que la violencia de género es un lastre que ha atravesado a todos los Gobiernos de cualquier signo político. Pues desde que existen cifras, en 1990, los datos de homicidios contra ellas no han dejado de crecer: de 1.519 en ese año, a casi 4.000 del año 2020, el último con datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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El presidente ha alegado brevemente que quizá ese 13% más se deba a que antes ese delito no se clasificaba, obviando que el INE registra desde hace tres décadas homicidios contra mujeres, sin necesidad de que fueran tipificados como feminicidio, pues esa definición es de 2012, y depende del Código Penal de cada Estado. En algunas entidades el feminicidio aparece registrado como una figura autónoma y en otras, como agravante del homicidio, aunque se reconoce en el Código Penal Federal.
Además de las cifras de muertes, es necesario agregar que la impunidad supone otro gran reto para su Gobierno. La última encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad del INE alertaba de que en 2019 en un 92,4% de los casos de víctimas no se abrió una carpeta de investigación, ni siquiera se buscó a un culpable. Esto pese a que en un 30% de los hogares alguno de sus miembros fuera víctima de algún tipo de agravio.
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El feminicidio ha sido uno de los pocos delitos, según ha remarcado el presidente, que han aumentado durante su Gobierno. Los otros dos son la extorsión (en un 24%), que es uno de los indicadores más fiables de la presencia del crimen organizado según los expertos; y otro, el robo individual en transporte público (un 14% más). Y ha presumido una disminución de un 0,05% en los homicidios. Pero sobre todo ha apuntado: “Se detuvo una tendencia ascendente en este delito”.
Este último dato puede resultar confuso. La violencia generalizada, no solo contra las mujeres, ha alcanzado cotas nunca registradas en otros momentos de la historia en México. Esa disminución, teniendo en cuenta que mueren asesinadas alrededor de 100 personas al día en el país, se puede observar como una disminución minúscula ante un panorama sangriento. ¿Puede México convivir con una tasa de homicidios por habitante que en algunos lugares, como Guanajuato o Baja California, superan a las de Centroamérica?
El presidente, que ha presumido los logros de sus tres años de Gobierno en el tercer informe presentado este miércoles. Ha reconocido una de las grandes tareas pendientes: las mujeres de este país. La ausencia de políticas públicas determinantes para frenar la tendencia feminicida ha provocado duras críticas de los colectivos feministas y hasta ahora los muros simbólicos y reales levantados entre el Palacio Nacional y ellas solo han acelerado el encono y la indignación. Todavía tiene tres años más para enmendar lo que las autoridades han relegado a un segundo plano. Y evitar así lo que ha sucedido desde hace tres décadas: que cada año sea un recordatorio de la ausencia de justicia para la mitad de la población.
