Reem Alsalem lleva apenas cuatro meses como relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Esta consultora sobre cuestiones de género, derechos de refugiados y migrantes, entre otras materias, es de nacionalidad jordana aunque nació en El Cairo (Egipto) hace 45 años. Como relatora, Alsalem encabezó el pasado jueves el grupo de expertos y expertas que han denunciado, en un pronunciamiento poco usual, que “los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”. Su nota pública de atención se refería al último caso que han recibido, el de una madre que perdió en primera instancia la custodia de su hija menor pese a la existencia de antecedentes de violencia contra ella de su pareja y padre de la niña y “de las pruebas que apuntaban a que este había cometido abusos sexuales contra su hija durante años”, recogieron en la nota. Alsalem evita ir más allá en este caso particular durante la entrevista telefónica, pero sí ahonda en los motivos que les han llevado a dar este toque de atención a España, desde donde les han llegado una treintena de denuncias de casos similares desde 2019.
Pregunta. ¿Reciben el mismo número de casos desde otros lugares?
Respuesta. En el caso de España hemos recibido más que de otros países, lo que puede también reflejar un nivel mayor de organización de la sociedad civil, que conoce bien el procedimiento especial de Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos. Pero también hemos recibido casos de Italia y de América Latina, y sabemos que esta tendencia de la que hemos hablado está presente en otros países. El Grevio [el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica], que monitorea el cumplimiento del convenio de Estambul [el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ratificado por España en 2014], también hizo un informe sobre España en 2020. Y ahí expresaron su preocupación ante la sospecha recurrente que albergan jueces y algunos profesionales de los servicios familiares respecto a la presunta manipulación a la que los niños habrían sido sometidos, el llamado Síndrome de Alienación Parental [SAP]. Hemos tenido bastante comunicación con el Gobierno español a través de la misión permanente de España en Ginebra. Son comunicaciones que se hacen públicas después de dos meses.
P. ¿Cómo valora la respuesta del Gobierno?
R. Hay que reconocer que España ha dado pasos importantes para responder al problema: el Consejo General del Poder Judicial ha emitido directrices a todos los jueces de España llamando su atención ante la falta de base científica del SAP. También lo recoge el Pacto de Estado [contra la Violencia de Género] y se incluyó en la ley orgánica de protección integral de la infancia y adolescencia, que además establece el derecho de las víctimas a ser escuchadas. Pero los casos recibidos indican que, a pesar de esas medidas, los razonamientos basados en la lógica subyacente al supuesto SAP seguirían en la práctica siendo aplicados en decisiones judiciales. Este es el reto. A pesar de las leyes, sigue el problema y también la utilización de estereotipos de género en los procedimientos judiciales. Y nos parece que hay que avanzar en la conceptualización del principio del interés superior del niño para impedir que interpretaciones fijas y estrechas sigan subordinando derechos de los menores como es a vivir sin violencia, al derecho de mantener contacto con sus padres. En España se debe encontrar una solución, propiciar un cambio real y duradero para que se pueda proteger a los niños. Nos preocupa que siga esta situación. Si recibimos casos significa que la gente está desesperada y pide la intervención del sistema especial de derechos humanos.
P. En su comunicación aluden a un “patrón estructural” en el caso español. ¿A qué se refieren?
R. Al acto de atribuir un valor inferior al testimonio y a los argumentos de las mujeres como parte o testigos, a la falta de credibilidad de las madres cuando denuncian también abusos a sus hijos e hijas y a la referencia a estereotipos de género. Se puede decir que ese patrón en los tribunales se revela de la siguiente manera: los testimonios de las madres sobre violencia que han sufrido de su expareja y los indicios de abuso sexual contra sus hijos e hijas no tienen el mismo peso o credibilidad para los tribunales, que tienden a creer la versión de los padres. Tenemos estudios disponibles y casos denunciados a la relatoría que permiten verificar estos patrones.
P. ¿Esos patrones se dan también en otros países?
R. Hemos recibido otros casos, pero el número grueso viene de España. Y quiero recordar que hubo un caso, el de Ángela González Carreño que acabó en una condena por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) por el asesinato de su hija por parte del padre. También esto contribuye a entender los patrones estructurales.
P. En España hay un caso muy conocido, el de Juana Rivas. No sé si lo conoce y puede hacer una valoración.
R. Como no me ha llegado a mí de forma oficial, no puedo comentarlo. Lo que sí puedo decir es que es interesante que el mismo día que salió nuestro pronunciamiento, haya noticias sobre este otro asunto que resaltan en el fondo los mismos temas que abordamos en nuestro comunicado.
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