En un contexto nacional e internacional cada vez más complejo, el Paquete Económico 2026 ha suscitado un debate ferviente. La profunda desconfianza hacia el nuevo poder Judicial, un aumento alarmante en los índices criminales a lo largo del país y el crecimiento de la deuda pública, son factores que marcan la agenda de este paquete, que pone en el centro de la discusión las decisiones y acciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como las presiones externas, particularmente de la administración de Donald Trump.
El proyecto ha encendido críticas en múltiples sectores, especialmente en aquellos que consideran que el aumento de impuestos sobre productos como bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos representa un golpe directo al bolsillo de quienes menos tienen, lo que podría exacerbar la desigualdad y frenar la recuperación económica proyectada para 2026. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipa un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, un pronóstico que muchos analistas tildan de excesivamente optimista, sobre todo en contraste con las apreciaciones de organismos financieros internacionales.
Un factor a tener en cuenta es el significativo aumento de la deuda pública, que podría comprometer la estabilidad financiera de futuras generaciones y generar un desbalance fiscal preocupante. Esta carga incluye cubrir los costos de grandes obras emblemáticas del sexenio anterior, como la planta de Dos Bocas y el Tren Maya, además de sostener el régimen de pensiones del Bienestar, que es una parte fundamental de la estrategia política del actual gobierno.
El gobierno argumenta que los nuevos impuestos sobre productos nocivos buscan mejorar la salud pública, aunque existe un escepticismo claro respecto a la efectividad de estas medidas. En un giro alarmante, se contempla la eliminación de programas que han sido clave en la lucha contra la obesidad y otras patologías críticas, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia de sus estrategias.
Un aspecto que ha generado curiosidad es la propuesta de gravar los videojuegos, específicamente aquellos con contenido violento, mediante un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que alcanzaría el 8%. Esta medida afecta tanto las ventas físicas como los servicios digitales de acceso o descarga, pero el verdadero impacto sobre la violencia criminal en el país sigue siendo incierto.
Es relevante destacar que los impuestos al consumo suelen ser regresivos, esto es, afectan desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos. Esta situación plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en relación con la promesa de “primero los pobres”.
Adicionalmente, hay críticas sobre la excesiva centralización de recursos que el paquete económico impulsa, restando autonomía a estados y municipios que ya han planeado su propio desarrollo. Para Puebla, se proyecta un presupuesto de 130 mil millones de pesos para 2026, lo que representa un incremento nominal de 4 mil millones en comparación con 2025. Sin embargo, al considerar la inflación, este presupuesto es en realidad un 0.4% menor que el del año actual.
La economía de Puebla enfrenta desafíos serios, exacerbados por la crisis en la industria automotriz y las políticas arancelarias de Estados Unidos. Con la creciente incidencia de despidos y el aumento del empleo informal, varios sectores productivos que antes eran pilares de su progreso ahora sufren una recesión significativa.
Este entorno presenta un panorama desalentador en relación con el Paquete Económico 2026. De cara a un futuro incierto, la economía nacional se asoma a tiempos difíciles que rememoran épocas de escasez y limitaciones.
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