En un mes, el Gobierno federal presentará su proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2025 y la miscelánea fiscal a la Cámara de Diputados. Este evento marcará el inicio de un intenso período legislativo de 90 días, aunque la reforma electoral no estará entre las prioridades debatidas en esta etapa.
Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, ha indicado que las discusiones sobre la reforma electoral no comenzarán hasta el segundo año de sesiones de la LXVI Legislatura, específicamente entre febrero y abril del próximo año. Previamente, se llevará a cabo un diagnóstico por parte de una comisión presidencial, la cual incluirá la realización de encuestas y mesas de consulta.
Durante el último cuatrimestre de 2024, se prevé avanzar en diversas iniciativas relacionadas con reformas constitucionales recientemente aprobadas. Esto incluye la redacción de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y modificaciones a leyes relevantes como la de Amparo y la Ley para combatir la delincuencia organizada. Se anticipa que también se abordarán reformas relacionadas con la no reelección y el nepotismo electoral, junto con una nueva Ley Aduanera.
La reforma electoral, en su momento, no será abordada por el Congreso, salvo que Pablo Gómez decida desestimar las instrucciones presidenciales al respecto. Según el propio Monreal, los legisladores no tienen prisa, lo que sugiere un enfoque deliberado en el proceso. “Participaremos cuando seamos convocados”, afirmó, con la conciencia de que el proyecto de la comisión será “ampliado, pluralizado, consensuado” en su momento.
El comisionado Gómez Álvarez ha dejado claro que el primer tema a discutir será la definición de los límites de las libertades políticas en México. En contraste, la Coparmex ha hecho un llamado a evitar errores del pasado, instando a que la reforma no debilite al Instituto Nacional Electoral (INE) ni restrinja la representación ciudadana o la pluralidad política. Se recalca que México necesita instituciones electorales robustas y confiables, y que una propuesta sin consensos adecuados abonaría a la polarización.
Por otro lado, ni la mayoría legislativa ni las autoridades electorales han adoptado una narrativa alarmista respecto a la reforma electoral. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, ha sido clara en su postura, afirmando que no se puede hablar de polarización sin conocer el texto de la reforma propuesta. Su enfoque ha sido de calma, evitando posicionamientos radicales antes de que se presente cualquier iniciativa concreta.
Tanto los diputados afines a Monreal como la dirigencia del INE han optado por una postura de escucha y espera, defendiendo la necesidad de participar con propuestas bien fundamentadas en el futuro. Se enfatiza en la importancia de la prudencia; un silencio cómplice no será la opción elegida. Así, el enfoque se mantendrá en establecer un diálogo constructivo, dejando atrás cualquier tentación de polarizar el ambiente legislativo en este periodo de definiciones políticas.
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