En octubre del año pasado, se advirtió sobre una crisis legislativa inminente. La rapidez con la que se estaban promoviendo reformas por parte de la nueva legislatura generó serias preocupaciones acerca de la calidad jurídica de estas leyes, con evidencias de errores en la técnica legislativa que incluían contradicciones internas y violaciones a tratados internacionales y a la Constitución. La supermayoría de Morena confiaba en que estos errores se subsanarían en las leyes secundarias.
Recientemente, se presentó una iniciativa para discutir y aprobar la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual desató una ola de críticas. Esta propuesta no solo introdujo un régimen de censura alarmante, sino que estaba plagada de inconsistencias y descuidos legislativos que podrían llevar a su inconstitucionalidad en caso de ser impugnada judicialmente. Entre las preocupaciones destacadas se encontraban disposiciones que permitían a las autoridades bloquear plataformas digitales y condicionaban la difusión de contenidos pagados por extranjeros a la aprobación gubernamental.
Las violaciones a la libertad de expresión eran tan evidentes que cualquier persona podía corroborarlas simplemente revisando algunos artículos de la ley. La reacción del público en redes sociales fue inmediata y contundente.
Respecto a la técnica legislativa, la propuesta desafiaba los principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico. La ley contenía artículos transitorios que establecían que la reforma constitucional entraría en vigor en un plazo de 31 días, a pesar de que la propia Constitución prevé un periodo de 180 días. Esto sugería que la legislación secundaria podría determinar la vigencia de la Constitución, invirtiendo así la jerarquía normativa establecida por Hans Kelsen.
Adicionalmente, se introdujo una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, que supuestamente completaría la regulación antimonopolio en telecomunicaciones. No obstante, esta también incluía artículos transitorios confusos sobre la entrada en vigor de la reforma constitucional, con plazos inconsistentes que podrían llevar a situaciones de vigencia paralela.
Todas estas indefiniciones propuestas generan un escenario donde la aplicación de estas leyes podría ser cuestionada legalmente, especialmente por quienes interpongan los juicios adecuados y con argumentos sólidos. La comprensión de la técnica legislativa es crucial para cualquier poder político, ya que incluso para ejercer el control autoritario se requiere un dominio del marco normativo.
Al momento de esta publicación, la situación refleja una gran incertidumbre y un reto mayúsculo para el sistema jurídico nacional, mostrando la urgencia de realizar correcciones y aclaraciones para asegurar la estabilidad legal y el respeto a derechos fundamentales.
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