Recientemente, han empezado a surgir informaciones sobre una reunión entre representantes de la alianza oficialista en la que se discuten los pormenores de una reforma constitucional en materia electoral. Esta reforma, anunciada por la titular del Ejecutivo, ha desatado comentarios sobre la falta de acuerdo en asuntos clave, tales como las diputaciones plurinominales y el financiamiento público. Más allá de la precisión de las versiones sobre estas negociaciones, hay un aspecto fundamental que debería preocuparnos como ciudadanos: el hecho de que una discusión de tal envergadura se lleve a cabo en la penumbra, obviando el espacio institucional que la Constitución misma establece para la deliberación: el Congreso de la Unión.
El intento de alcanzar acuerdos a espaldas del proceso legislativo abierto no solo parece inevitable, sino que también tiene la clara intención de esquivar un espacio donde participen todas las fuerzas políticas del país. Muchos podrían preguntarse ¿por qué incluir a fuerzas políticas minoritarias si la alianza oficialista tiene la fuerza suficiente para implementar una reforma sin necesidad de consenso? La respuesta, aunque evidente, es más compleja.
La historia reciente de México demuestra que las reformas electorales más significativas han surgido gracias a iniciativas de la oposición o de negociaciones entre diversas representaciones políticas. Esta no es una cuestión menor; pocas áreas del derecho requieren un nivel de legitimidad y consenso tan elevado como las que rigen las reglas del juego democrático.
El jurista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde sostenía que la legitimidad democrática radica en la capacidad de devolver al pueblo las decisiones sobre el ejercicio del poder. La creación de las leyes que determinan cómo elegimos a nuestros gobernantes y representantes debe emanar del pueblo, un principio que cobra especial relevancia en cualquier contexto democrático.
En esta misma línea, el constitucionalista chileno Fernando Atria señala que la legitimación democrática abarca tanto una dimensión material, basada en la voluntad general, como otra orgánico-personal. Esto último implica el reconocimiento de que la voluntad popular no puede ser expresada directamente, sino a través de sus representantes elegidos. Para Atria, es fundamental que quienes ejerzan poder lo hagan por decisión ciudadana, subrayando así la importancia de la legitimación democrática.
Si el diseño de la reforma electoral se realiza a través de negociaciones clandestinas, el resultado puede obtener los votos necesarios gracias a la supermayoría de la alianza oficialista, pero es poco probable que cuente con la legitimidad democrática que exige un cambio de tal magnitud. Desde la creación de la actual legislatura, el Congreso ha dejado de ser el foro donde se confrontan y discuten visiones diversas, para convertirse en una mera tramitadora de la voluntad de unos pocos.
A pesar de que algunos defensores de este enfoque legislativo se apoyan en el resultado de las urnas, ignoran un punto crucial: el valor de la deliberación democrática. Pensadores como Jürgen Habermas y Hans Kelsen han enfatizado que la aceptación social de las normas depende en gran medida de que su origen sea un proceso abierto y plural. No se trata de que todos deban coincidir, sino de que todos tengan la oportunidad de participar en la formación de las reglas.
Un proceso que se percibe como una mera simulación puede resultar legalmente válido, pero carecer de legitimidad ante un sector significativo de la población. En el ámbito electoral, la ausencia de esta legitimidad puede socavar la confianza en las reglas que regulan la competencia política.
Además, teniendo en cuenta que los partidos de oposición agrupan más de un 40% de los votos emitidos, cualquier reforma elaborada sin su participación está condenada a tener un déficit de legitimidad que será difícil de reparar. Aunque la reforma pueda ser aprobada únicamente con la fuerza de la mayoría oficialista, su sostenibilidad a largo plazo dependerá de un proceso deliberativo genuino. Sin esa deliberación, el resultado podría ser legalmente aceptable, pero difícilmente podrá ser considerado democrático.
Es esencial recordar que cada paso que damos hacia la reforma electoral no solo debe ser un producto de la aritmética legislativa, sino también un reflejo de nuestra voluntad colectiva, garantizando que sus bases sean firmes y respetadas por todos los sectores de la sociedad.
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