La propuesta de aumentar un 87% el impuesto especial sobre las bebidas azucaradas ha generado un fuerte rechazo dentro de la industria refresquera, que se ve amenazada ante la posibilidad de que esta medida tenga un impacto real en sus ingresos. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, subrayó que la resistencia de las empresas refresqueras revela su conocimiento sobre la efectividad de tales impuestos en la reducción del consumo.
La propuesta, aún sujeta a la aprobación del Congreso, contemplaría un aumento que de 1.6451 pesos pasaría a 3.0818 pesos por litro de bebida. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva en varios países; por ejemplo, Sudáfrica vio una disminución del 29% en el consumo de refrescos tras implementar un impuesto similar, mientras que Chile experimentó una caída del 21% y Berkeley, California, vio descender el consumo en un 52% en un lapso de tres años. Clark mencionó que, de ser aprobado este aumento al impuesto propuesto en el Paquete Económico 2026, se podría esperar una reducción del 7% en el consumo de refrescos, lo que, a su vez, podría amenazar el crecimiento de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcares.
La relación de las bebidas azucaradas con enfermedades como la diabetes y la obesidad es un punto crucial. Aunque existen otros alimentos que contribuyen a estos problemas de salud, las bebidas azucaradas son las más perjudiciales. Con este contexto, el subsecretario remarcó que la medida tiene como objetivo desincentivar el consumo, sin pretender erradicarlo por completo. La intención es ofrecer alternativas más saludables a los consumidores.
En cuanto a los posibles efectos sobre los precios, Clark comentó que el impacto sería relativamente bajo. Por ejemplo, el costo de una lata de refresco podría aumentar de 20 a 20.50 pesos, mientras que una botella de 600 mililitros subiría de 25 a 26 pesos. Este incremento, según el subsecretario, no sería tan significativo como algunos temen, y no debería afectar desproporcionadamente a los consumidores.
Al implementar esta medida, el gobierno federal podría recaudar 41,000 millones de pesos, que se destinarían íntegramente a mejorar la atención médica relacionada con enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas. Esto incluiría aumentar la capacidad de servicios de hemodiálisis, realizar más trasplantes renales y adquirir medicamentos innovadores para el tratamiento de la obesidad. Para contextualizar, esta recaudación podría incrementar en un 20% el presupuesto actual del IMSS-Bienestar, que cuida a casi 50 millones de personas.
La cifra de 24,000 millones de litros de refrescos consumidos en México anualmente pone de relieve la gravedad de la situación. Actualmente, 4 de cada 10 consultas en el IMSS son por problemas relacionados con la obesidad y diabetes, lo que se traduce en unas 100,000 muertes al año por diabetes. Con estos datos, el subsecretario enfatiza la urgencia de adoptar medidas que impacten en el consumo y, por ende, en la salud pública.
Al final, la propuesta busca crear un equilibrio donde no solo se reduzca el consumo de refrescos, sino que también se dispongan de recursos suficientes para mejorar la atención a enfermedades que afectan a una parte considerable de la población.
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