En la primera recta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a agosto de 2021) se registraron cinco mil 762 denuncias en todo Columna Digital por delitos contra el medio ambiente, lo que ya supera los ilícitos registrados en la segunda mitad de la administración de Enrique Peña Nieto (diciembre de 2015 a noviembre de 2018), cuando se contabilizaron cinco mil 356.
Aunque las denuncias disminuyeron en 2020, con la llegada de la pandemia de Covid-19, en lo que va de este año las cifras parecen proyectar un nuevo aumento. Tan sólo entre enero y agosto del año pasado se registraron mil 331 reportes por delitos ambientales, mientras que en el mismo periodo de 2021 ya van mil 473, indican los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra negra es mucho mayor por la ausencia de denuncias.
Los delitos ambientales suponen una serie de actos que dañan un ecosistema y provocan el desmejoramiento del ambiente. Las cifras del Secretariado no especifican el tipo de delito cometido, aunque hay de muchas clases. En la legislación mexicana, las actividades catalogadas como tales se tipifican en los artículos 414 a 423 del Código Penal Federal.
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Existen varios ejemplos, como son realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas; descargar contaminantes a la atmósfera; descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas, y destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas o manglares.
También comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción; provocar incendios en bosques o selvas, destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente e introducir al país flora o fauna que padezca enfermedades contagiosas o plagas, entre otros.
“La contaminación puede ser de distintas naturalezas: el desecho de productos no deseados; la pesca incidental que provoca la contaminación del agua; los desechos de aguas residuales cuando en ciudades costeras no existe infraestructura; el mal manejo o la mala administración en cuanto al desarrollo costero en el sentido de que se están haciendo granjas de acuacultura o cualquier otro tipo infraestructura y perdemos este hábitat costero”, explicó Catalina López-Sagástegui, directora del Programa del Golfo Marino de California de la Universidad de California, en Estados Unidos.
La especialista agregó que normalmente estos actos no están regulados, o si lo están, simplemente nadie hace caso.
REDUCEN PRESUPUESTO
Pese al incremento de denuncias, el presupuesto a las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente ha ido en picada. La falta de personal y corrupción de autoridades encargadas de vigilar han abonado a la problemática.
Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), señaló que existe una falta de inversión de presupuesto.
“Hay una caída de más de 60 por ciento a la Conafor, tanto para la promoción de las buenas prácticas como para la capacitación de las comunidades y usuarios; y también a la Semarnat para poder ejercer la regulación”.
Entre 2016 y 2021, el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pasó de 55 mil 770 millones de pesos a 31 mil 348 millones.
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A su vez, en el mismo periodo el gasto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) cayó de siete mil 487 millones a dos mil 362 millones de pesos. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el presupuesto disminuyó de 968 a 742 millones. Y los recursos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) bajaron de mil 359 millones a 866 millones de pesos.
Para López-Sagástegui el problema no sólo es de presupuesto, sino de un cambio de fondo. “Definitivamente sin presupuesto claro que es bien difícil operar cualquier cosa. Cualquier institución o cualquier objetivo o meta que nos pongamos va a ser más difícil alcanzarlo.. Si no arreglamos esas fallas de fondo no vamos a solucionar el problema”, aseguró la integrante del Instituto de las Américas.
