Desde el 9 de enero, México ha sido escenario de polémicas en torno a la reciente implementación de una plataforma de registro para líneas celulares. Este movimiento ha estado envuelto en críticas y preocupaciones, especialmente por las fallas que han surgido y su impacto negativo en la ciudadanía. La Presidenta ha señalado a las compañías de telecomunicaciones como responsables de los problemas, pero en realidad, se trataría de una medida mal planificada desde su inclusión en la ley el año pasado.
Diversos especialistas advirtieron sobre los posibles riesgos del registro, recordando antecedentes similares en el país, aunque, como ha sucedido en otras situaciones, tales advertencias fueron desestimadas por el partido en el poder. Para ellos, cualquier crítica se considera oposición y, por ello, carece de validez. Esto ha llevado a que el registro de celulares se añadiera de manera improvisada a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con menciones escuetas en los artículos 103 y 164, y un plazo estricto para su cumplimiento. Si no se concreta, la línea celular sería suspendida. La falta de una justificación sólida ha puesto de manifiesto que el proceso legislativo fue apresurado, y ahora incluso se cuestiona su constitucionalidad.
En México, se adoptó hace más de una década el llamado “test de proporcionalidad”, el cual permite evaluar la constitucionalidad de las medidas del Estado. Este test se aplica formulando cuatro preguntas sucesivas que determinan si los perjuicios a los derechos de los ciudadanos son proporcionales a los beneficios esperados. Si respondemos a la primera pregunta, relacionada con la validez constitucional del registro, resulta compleja, pues el propósito de esta medida nunca fue claramente establecido en la ley. Sin una justificación legal, es probable que la iniciativa no supere ni la primera etapa del test.
Suponiendo que se pudiera considerar un objetivo válido, la interrogante siguiente sería si el registro facilita efectivamente la disminución de delitos relacionados con las tecnologías móviles. Desde la propuesta del registro, se cuestionó su efectividad, ya que es poco probable que un delincuente registre su dispositivo para actos ilícitos. A lo largo de los días posteriores a su implementación, el escenario ha revelado que esta medida no solo ha resultado ineficaz sino que, de hecho, ha generado consecuencias opuestas a las esperadas.
Informes recientes destacan que la activación del registro ha dado pie al surgimiento de un mercado negro que, en menos de dos semanas, ha proliferado ofreciendo chips preregistrados, ya sean auténticos a nombre de terceros o falsificados. En esencia, esta situación ha propiciado un aumento en el robo de identidad, contraviniendo el propio objetivo del registro. La medida no solo fracasó en su intención original, sino que ha conseguido ampliar los espacios para actividades ilegales de manera alarmante. El test de proporcionalidad, al ser aplicado a esta normativa, ha resultado en una clara repulsa, confirmando la inconstitucionalidad del registro de líneas móviles.
A medida que se desarrolla esta problemática, las repercusiones políticas y sociales seguirán resonando en el país. La exigencia de claridad y efectividad en las políticas públicas se vuelve cada vez más pertinente en el actual contexto. Con la posibilidad de que el registro sea cuestionado legalmente y su futuro sea incierto, la ciudadanía observa atentamente, esperando que se priorice su seguridad y derechos en las decisiones de los gobernantes.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
