El mercado móvil mexicano ha demostrado una vez más su capacidad de contradecir las tendencias económicas generales, destacándose en medio de un entorno desafiante. A inicios de 2026, mientras la economía del país apenas creció un 0.2% anual y experimentó una contracción trimestral del -0.8%, los ingresos en telecomunicaciones móviles crecieron un notable 6.8% en el primer trimestre.
Este crecimiento se torna aún más significativo al considerar la situación económica, caracterizada por la desaceleración, la disminución del dinamismo industrial y un consumo cauteloso. En este contexto, los servicios móviles han reafirmado su papel esencial tanto para los individuos como para las empresas y diversas actividades productivas.
Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras se perfila una preocupación regulatoria que exige atención inmediata. Al cierre del primer trimestre de 2026, la base de líneas móviles activas en México se ajustó a 158.9 millones, mostrando un crecimiento anual del 3.0%. Pese a ello, más alarmante es la pérdida de 3.2 millones de líneas en un solo trimestre, resultado de la implementación del registro obligatorio de líneas móviles, que comenzó en enero de 2026.
Este nuevo requerimiento ha creado una barrera artificial que dificulta la activación de nuevas líneas, especialmente las de prepago. Esta regulación ha llevado a una caída notable en las nuevas altas, una contracción en adiciones brutas y ha interrumpido la trayectoria de crecimiento que el mercado había mantenido desde mediados de 2024.
El impacto es significativo para los Operadores Móviles Virtuales (OMV), cuyas cifras son ahora más representativas gracias a la inclusión precisa de sus líneas en la contabilización total, que supera los 170 actores competitivos en el sector. Sin embargo, estos OMV enfrentaron una disminución trimestral de 1.6 millones de accesos, su primer descenso en cerca de siete años. A pesar de este retroceso, su crecimiento anual se mantiene en un robusto 21.5%, indicando que la contracción es más un efecto de regulaciones que de una pérdida de competitividad.
Curiosamente, a pesar de la caída en el número de accesos, los ingresos móviles alcanzaron los $95,528 millones de pesos durante el trimestre. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un incremento en el consumo de datos, un aumento en las líneas de pospago, y la migración hacia dispositivos de mayor valor. El ingreso promedio por usuario (ARPU) también reflejó un aumento del 3.1% anual, situándose en $143.8 pesos mensuales, lo que indica un cambio hacia una base de usuarios que requiere mayores datos y esquemas de renta fija, mientras que el prepago pierde terreno.
No obstante, resulta inquietante que el desempeño del sector no puede evaluarse únicamente a través de los ingresos. La conectividad y la inclusión digital son vitales, y cualquier regulación que complejice la activación de líneas o desaliente la contratación puede tener un costo social significativo que supera cualquier beneficio regulatorio esperado.
Las telecomunicaciones móviles tienen un impacto transversal en la economía, y una regulación restrictiva no solo limita su expansión, sino que también puede afectar la productividad, la digitalización y el bienestar social. Es imperativo que México encuentre formas de reducir las barreras de acceso a la conectividad mientras se implementan mecanismos de trazabilidad efectivas.
El verdadero desafío radica en construir un marco regulatorio que no sólo promueva la seguridad, sino que también facilite la adopción de servicios móviles, especialmente en segmentos sensibles al precio y que requieren un proceso de contratación sencillo. Cuando la activación de una línea se vuelve más complicada, las consecuencias no son meramente estadísticas; el resultado final se traduce en menos inclusión digital, menos competencia y mayores obstáculos para millones de usuarios.
La situación del mercado móvil en México durante 2026 exige reflexiones profundas y acciones proactivas. Es crucial que se atiendan los retos regulatorios sin desincentivar la expansión y accesibilidad de los servicios, para garantizar que todos los mexicanos tengan las oportunidades necesarias para participar plenamente en la economía digital.
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