Regulación de rentas se amplía: Nuevo León imita CDMX

Desde el 2025, la reforma al Código Civil en materia de arrendamiento en Nuevo León ha generado una ola de inquietud en el sector inmobiliario. El decreto, publicado en septiembre de 2024, introduce cambios significativos en las reglas generales sobre el pago y comprobación de rentas, específicamente a través del artículo 2346. Estos ajustes han suscitado solicitudes de modificaciones por parte de diversas organizaciones que consideran que hay inconsistencias y omisiones relevantes.

Además de los cambios mencionados, la reforma establece un régimen especial para fincas urbanas destinadas a habitación, conforme al artículo 2346 Bis, así como límites al depósito, la moneda de pago y los incrementos de renta. A pesar de estas adaptaciones, organismos como el Buró Arrendador y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Nuevo León han señalado deficiencias en la nueva legislación.

Una mirada más amplia al mercado de arrendamiento en el país muestra un fenómeno que ha cobrado fuerza en distintas regiones, considerando el auge en la demanda de vivienda y la propuesta de una Ley de Rentas Justas y Asequibles en la Ciudad de México. Sin embargo, el director adjunto del Buró Arrendador, Roberto Peña, señala que es crucial consultar a todos los involucrados en el sector, advirtiendo que la reforma podría ser utilizada con fines políticos en lugar de abordar la realidad del mercado.

¿Qué establece la reforma a las rentas en Nuevo León? Entre sus disposiciones más relevantes destacan:

– La duración mínima del contrato debe ser de seis meses, pudiendo establecerse una prórroga.
– El pago de la renta se deberá realizar en pesos mexicanos.
– Los incrementos de renta sólo pueden hacerse de forma anual, con un límite del 10% del monto mensual.
– Cualquier incremento en el costo de la renta requerirá la firma de un nuevo contrato.

En cuanto a los pagos y depósitos, la reforma también introduce nuevas obligaciones: los arrendadores deben entregar un recibo por cada mensualidad y si no se proporcionan recibos durante más de tres meses, el pago se considerará como efectuado. Además, no se podrá exigir más de una mensualidad como depósito.

Los especialistas del sector han señalado que ciertos aspectos de la reforma requieren revisión. Una de las sugerencias más destacadas es aumentar la duración mínima de los contratos a un año, alineándose con las prácticas más comunes en otras partes del país. También se ha propuesto la creación de un régimen de condominio para proyectos de departamentos y fraccionamientos privados, lo que brindaría mayor certidumbre jurídica.

Otra demanda del sector es establecer un protocolo que garantice la resolución de conflictos en materia de arrendamiento en un plazo máximo de tres meses, así como la devolución ágil del depósito en caso de que no se comprueben daños graves en la propiedad. Los actores del sector inmobiliario esperan que si los legisladores abordan estas inquietudes, la legislación pueda transformarse en un modelo para otras regiones del país.

Mientras se avanza en este debate, la comunidad sigue atenta a cómo se desarrollará la regulación de arrendamientos en Nuevo León, esperando que estas reformas contribuyan a un mercado más justo y equilibrado para inquilinos y arrendadores por igual.

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