A tres semanas del trágico incidente en el Puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa, el gobierno ha tomado medidas decisivas para reforzar la regulación en el transporte y distribución de gas LP. Durante la conferencia matutina, la secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó dos nuevas normas que buscan mejorar la seguridad y el cumplimiento en este sector.
Una de las normativas más significativas apunta a la capacitación de los conductores de los camiones de gas, quienes deberán demostrar tanto habilidades técnicas como prácticas a través de un estándar de competencia específico. Además, se exigirá que las unidades de transporte cuenten con dispositivos de control de velocidad, conocidos como gobernadores de velocidad, así como sistemas de GPS. Estas medidas se complementarán con un refuerzo en los programas de mantenimiento de los vehículos.
Por otro lado, un cambio fundamental radica en la forma en que se llevarán a cabo las inspecciones. En lugar de depender únicamente de revisiones visuales externas, ahora se realizarán inspecciones internas. Como destacó la presidenta de la Ciudad de México, Clara Brugada, anteriormente las revisiones se limitaban a la evaluación superficial de los vehículos; sin embargo, ahora se exigirá a los permisionarios presentar pruebas que demuestren el estado real de las unidades.
Simultáneamente, el gobierno de Clara Brugada implementó 12 medidas regulatorias adicionales en la Ciudad de México. Entre estas, se encuentra la prohibición de circulación para transportes de combustible de más de 10,000 litros por vías secundarias, y las unidades que transporten hasta 20,000 litros solo podrán transitar entre las 22:00 y las 05:00 horas.
La situación se agrava para el Grupo Tomza, la empresa responsable de la pipa que explotó, cobrando la vida de 31 personas. Recientemente, se anunciaron multas totalizando $160 millones por diversas irregularidades, señalando que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene abiertos 32 expedientes administrativos, de los cuales dos están actualmente en litigio.
En lo que respecta a la responsabilidad del trágico evento del 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se espera el dictamen de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, las primeras investigaciones sugieren que la culpa podría recaer en el conductor de la pipa, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad y también perdió la vida en el incidente.
Con estas nuevas regulaciones, el gobierno busca no solo recordar la tragedia ocurrida, sino también evitar que tal suceso vuelva a repetirse en el futuro, priorizando la seguridad de los ciudadanos y la integridad en el manejo de combustibles peligrosos.
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