Una jueza federal ha dispuesto la reapertura de la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 que involucra al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Esta decisión surge tras detectar irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), en particular por su negativa a proporcionar a la defensa acceso completo a la carpeta de investigación.
La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, quien encabeza el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Altiplano. Además, se estableció un plazo adicional de tres meses para que la defensa del mando de la Secretaría de Marina (Semar) pueda revisar las pruebas y fortalecer su estrategia jurídica.
La decisión judicial responde a una audiencia de tutela de derechos solicitada por los abogados del vicealmirante, quienes denunciaron que la falta de acceso al expediente completo vulneraba el derecho a una defensa adecuada. En consecuencia, la jueza ha ordenado que la FGR le otorgue acceso íntegro a la carpeta de investigación, que incluye todos los documentos, discos y anexos pertinentes, así como la presentación de un inventario detallado del expediente para prevenir omisiones. Asimismo, se instruyó a la FGR a facilitar la revisión de la evidencia digital por parte de peritos de la defensa, un acceso restringido previamente por las autoridades ministeriales.
Este fallo marca la segunda ocasión en la que la jueza establece la necesidad de garantizar el acceso pleno a la defensa. A principios de marzo, ya había ordenado a la FGR abrir completamente la carpeta de investigación, en medio de acusaciones de opacidad en el proceso. En aquella resolución, se había dado a la fiscalía un plazo de 15 días hábiles para detallar la integración del expediente y entregar todos los documentos asociados.
Manuel Roberto Farías Laguna, quien es familiar político del exsecretario José Rafael Ojeda, enfrenta acusaciones junto a exdirectivos del Sistema Portuario Nacional por su involucramiento en importaciones ilegales de combustible desde Estados Unidos, actividad que se ha catalogado como “huachicol fiscal”. Investigaciones preliminares apuntan a que, a diferencia del robo de combustible tradicional, estas acciones implicaron redes de contrabando y manipulación aduanera, permitiendo la entrada ilegal de combustibles a través de puertos y resultando en pérdidas millonarias para el erario público.
Este desarrollo en el caso destaca la importancia del acceso a la justicia y a la defensa legal, así como las interrogantes sobre la transparencia en las actuaciones de las autoridades encargadas de la investigación. Los siguientes pasos que den las autoridades y la defensa de Farías Laguna serán cruciales para el avance del caso y el eventual desenlace del proceso penal.
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