Se avecina un caos en Reino Unido, tras las constantes luchas internas, el gobierno ha decidido responder con amenazas a la avalancha de huelgas anunciadas para finales de año. El primer ministro, Rishi Sunak, ha reunido este lunes a su gabinete de crisis para estudiar los planes de despliegue del ejército, con la intención de utilizar soldados tanto en el NHS como en los ferrocarriles o la inspección de pasaportes.
Este martes comienzan los paros del personal de ferrocarril: dos días que, en realidad, supondrán trastornos para toda la semana. El cuerpo de enfermeros comenzará el jueves su primera huelga de la historia, que durará un día. Repetirán la acción de protesta el 20 de diciembre. Los paros en las terminales de frontera tendrán lugar entre el 23 y el 26 de diciembre y entre el 28 y 31 de diciembre. Si ya desde la puesta en marcha del Brexit las colas y retrasos eran moneda común en las barreras fronterizas, la protesta anunciada del personal encargado de controlar los pasaportes de los viajeros que entran —muchos de ellos de regreso de las vacaciones— anticipa una situación complicada. La ministra del Interior, Suella Braverman, ha pedido ya a los británicos que eviten viajar si no es imprescindible, una recomendación en la que resuena el eco de la pandemia y anteriores vacaciones navideñas. Y el Gobierno ha comenzado a entrenar ya a cientos de miembros de las Fuerzas Armadas para suplir las tareas de los huelguistas.
El invierno el descontento del Reino Unido trae a la memoria de muchos de sus ciudadanos el verano de 1989, en los últimos meses del mandato de Margaret Thatcher, cuando sucesivas huelgas simultáneas y solapadas provocaron la pérdida de casi dos millones y medio de horas de trabajo. En la situación actual, los cálculos apuntan a un millón de horas laborales perdidas a lo largo de diciembre.
A unos salarios que ya permanecían congelados desde hace años se ha sumado una crisis del coste de la vida que ha llevado a muchos empleados públicos a situaciones cercanas a la pobreza. El Gobierno de Sunak teme que un incremento salarial elevado contribuya a disparar aún más una inflación que se sitúa ya en el 11%, y es consciente también de que cualquier dinero extra destinado a los servicios públicos debe salir de unos impuestos que acaba de subir. La respuesta al desafío, con una mezcla de ideología y apuesta, consiste en apretar los dientes y esperar que la opinión pública culpe antes de su hartazgo a los huelguistas que a Downing Street.
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