Una recámara vacía, risas que ya no resuenan y un silencio abrumador llenan el vacío dejado por la ausencia de un ser querido. Este es el dolor que enfrentan muchas familias en Sinaloa, un estado marcado por la tragedia de más de 200 denuncias de desapariciones ya registradas en el año 2026. Las estadísticas son alarmantes, y durante la administración del morenista Rubén Rocha Moya, las denuncias por desapariciones forzadas han mostrado un aumento que no se puede ignorar.
En Sinaloa, salir a la calle se ha convertido en un acto de valentía. Lo que antes era una simple tarea, como comprar un producto de primera necesidad, plantea graves riesgos. Un trágico ejemplo es el caso de Ricardo Mizael, un joven de apenas 16 años, cuya vida fue truncada en un evento de violencia que refleja la amenaza constante que enfrentan los ciudadanos. El temor a ser víctima de un “levantón” o a encontrarse con un familiar en una ficha de búsqueda se ha vuelto parte de la cotidianidad diaria.
Ante esta situación, los habitantes han cambiado su estilo de vida para protegerse. Esteban, un residente de la zona, comparte su realidad: “Se recomienda no andar muy noche, refugiarse temprano en casa y cuidarse lo más que pueda, porque al salir no sabe lo que se puede encontrar”. Esta adaptación resalta la desesperación que sienten por parte de una administración que parece no encontrar respuestas efectivas frente al aumentante ciclo de violencia.
Activistas como Rosa Neris han intensificado sus denuncias, afirmando que, lejos de disminuir, las desapariciones han aumentado en los dos años de gobierno de Rocha Moya. En los primeros dos meses de 2026, se registraron 206 denuncias por desaparición forzada, concentrándose principalmente en los municipios de Culiacán y Mazatlán. La situación se ha visto exacerbada por un entorno criminal violento, en el cual las disputas territoriales y la presencia de grupos armados son una constante.
Los grupos de activistas no solo están levantando voces de alerta, sino que buscan crear conciencia entre los jóvenes sobre los peligros que enfrentan, especialmente los que buscan trabajo. El caso del Rancho Izaguirre, destapado en 2025, reveló cómo el Cártel de Jalisco Nueva Generación utiliza vacantes falsas en redes sociales para atraer a jóvenes incautos.
La crisis de desapariciones en Sinaloa no solo es un problema de estadísticas; es un reflejo del sufrimiento de muchas familias que esperan respuestas. La falta de acción efectiva por parte del gobierno de Rocha Moya deja amplios márgenes para que los ciudadanos, organizados en grupos activistas, tomen la delantera en la lucha por la justicia y la búsqueda de soluciones. La realidad de Sinaloa es dura, y mientras la situación no se transforme, cada día se pierde más en la incertidumbre.
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