Relativos que malgasten pensiones pueden encarcelarse.

Los adultos mayores constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población en México, enfrentando no solo el desafío de la vejez, sino también la amenaza de la violencia económica por parte de sus familiares. Reconociendo esta problemática, la diputada Azucena Huerta Romero ha impulsado una iniciativa de ley que apunta a proteger los derechos de este grupo.

Presentada recientemente, la propuesta establece penas de entre cuatro y ocho años de prisión para aquellos que utilizan indebidamente la Pensión Bienestar sin el consentimiento de los beneficiarios, un problema que, según diversos estudios del Inegi, es alarmantemente común. La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca modificar tanto el Código Penal Federal como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, asegurando así que la explotación financiera no quede impune.

La iniciativa, que ya ha sido turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, tiene como objetivo penalizar el uso irregular de los recursos que reciben las personas mayores de 65 años. No solo se contemplan penas de cárcel, sino también multas significativas y la implementación de protocolos para detectar transacciones “inusuales o sospechosas”.

La propuesta es clara: quienes sean hallados culpables de explotar financieramente a adultos mayores podrían enfrentar sanciones severas. Esto incluye penas de hasta 12 años para aquellos que cometan el delito contra adultos mayores con discapacidad, junto con multas que alcanzan hasta 500 días de Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, el delito sería perseguido de oficio, lo que implica que no dependería exclusivamente de la denuncia de la víctima para que se inicien acciones legales.

Esta iniciativa no solo refuerza la necesidad de proteger a los adultos mayores, sino que también busca crear conciencia sobre una realidad que afecta a muchos: el abuso económico. Con la aprobación de estas medidas, se espera un aumento en la protección de un sector de la sociedad que merece vivir con dignidad y seguridad económica.

A medida que avanza el proceso legislativo, será crucial permanecer atentos a su desarrollo, dado que la finalidad de esta propuesta es garantizar un futuro más seguro para nuestros abuelos y padres, quienes, indudablemente, han contribuido a formar el país que conocemos hoy.

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