El panorama de las remesas hacia México presenta retos significativos para 2023 y 2024, con pronósticos que indican un flujo negativo. Según el economista senior de BBVA, Juan José Li, la base de emisores de remesas se ha estancado, alcanzando su capacidad máxima. La ausencia de crecimiento en el número de remitentes implica un futuro incierto para las transferencias, particularmente en un contexto donde la migración desde el Caribe, Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos continúa en aumento.
La dinámica del compromiso del migrante mexicano con el envío de remesas también es preocupante. Inicialmente fuerte al llegar a Estados Unidos, este vínculo tiende a debilitarse con el tiempo, ya sea por la pérdida de familiares o la separación de seres queridos en su país natal. Esto podría significar una reducción en la disposición de los migrantes para enviar dinero a sus hogares en México.
En este contexto, se estima que el impacto de un impuesto del 5% en las remesas, actualmente en discusión en el Congreso estadounidense, podría resultar en una disminución de aproximadamente 1,500 millones de dólares en comparación con los 62,500 millones que se enviaron el año pasado. Este gravamen afectaría principalmente a los emisores no documentados, que representan un 35.8% de la población mexicana en Estados Unidos y que enviaron cerca de 30,000 millones de dólares de los 65,000 millones en total.
La legislativa proyectada podría desalentar el uso de métodos formales para el envío de dinero, lo que a su vez podría incrementar la adopción de canales informales y, potencialmente, ilegales. Los migrantes, en su mayoría trabajadores no documentados, podrían recurrir a amigos y familiares para evitar el impuesto, buscando alternativas más seguras para transferir fondos.
Un aspecto interesante es que, aunque existe una buena oportunidad para la bancarización de familias receptoras en México, el impuesto podría resultar en un aumento significativo de los costos de envío. Por ejemplo, un envío de 400 dólares podría incrementar su costo de seis a 30 dólares, lo que podría llevar a muchas personas a buscar métodos alternativos.
Un análisis adicional señala que, a pesar de que el 60% de los hogares que reciben remesas se encuentran en los cinco deciles económicos más bajos, estos ingresos son distribuidos a lo largo de toda la estructura social. No son solo los más pobres quienes dependen de estas transferencias; un 55% de los receptores son aquellos que enfrentan mayores retos económicos debido a gastos en salud.
El impacto potencial de estas medidas legislativas refleja un mercado de remesas que podría volverse menos regulado y más informal, afectando no solo a las economías familiares, sino también a la estructura socioeconómica del país en su conjunto. Sin duda, la situación demanda atención y un análisis continuo a medida que se desarrollan los eventos en torno a esta crítica cuestión económica.
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