El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha manifestado su firme compromiso durante una reciente conferencia matutina: se defenderá con todo el respaldo político y legal contra la propuesta del Partido Republicano de implementar un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos. Esta medida podría acarrear una doble tributación para los ciudadanos mexicanos en el extranjero, lo que ha sido calificado como ‘discriminatorio y contrario’ a los tratados bilaterales existentes por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde el 13 de mayo, México ha tomado la iniciativa enviando una carta a los legisladores estadounidenses, destacando que los mexicanos residentes en Estados Unidos ya contribuyen con impuestos a la economía de dicho país. De hecho, se argumenta que las remesas sólo representan el 18% de sus ingresos, con el resto quedando en territorio estadounidense.
El canciller también ha informado sobre la reunión entre el embajador Esteban Moctezuma y los legisladores, con el objetivo de reforzar esta postura. Además, siguiendo instrucciones presidenciales, se ha enviado otra carta detallada a los promotores de la propuesta.
El análisis de los comités de presupuesto en Estados Unidos está programado para el 16 de mayo; de aprobarse la propuesta, ésta pasaría al Senado y regresaría a la Cámara de Representantes. En 2024, México logró un récord al recibir 64,745 millones de dólares en remesas, lo que representa el 3.5% del PIB, según el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Un notable 97% de estas remesas provino de Estados Unidos, específicamente de California (33%), Texas (14%) y Colorado (4%), con un promedio de 393 dólares por operación.
Las remesas alcanzan a constituir el 20% del ingreso familiar en México, siendo Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México los principales destinatarios de estos envíos. Amador Zamora ha señalado que esta nueva propuesta de impuesto es, de hecho, una violación del tratado de 1994 entre México y Estados Unidos, diseñado para evitar la doble tributación, similar a un acuerdo existente entre India y Estados Unidos desde 1990.
En su intervención, Amador enfatizó que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos ya enfrentan una carga impositiva que oscila entre el 10% y el 37%. Por tanto, la introducción de este nuevo gravamen podría considerarse injusta y en desacuerdo con las propias leyes fiscales de EE.UU. La posibilidad de que se imponga este impuesto adicional violaría el tratado anterior, lo que tendría implicaciones negativas tanto a nivel internacional como en la normativa interna estadounidense.
La presidenta Sheinbaum instó a los mexicanos en Estados Unidos a hacer valer su voz, animándolos a enviar cartas a sus congresistas, independientemente de su nacionalidad, expresando su oposición a un impuesto que, según afirman, sería discriminatorio. Además, advirtió que el gobierno mexicano podría considerar otras actuaciones destinadas a visibilizar su desacuerdo con esta medida.
Datos como estos son esenciales para entender el impacto significativo que las remesas tienen no sólo en la economía mexicana, sino también en la vida de millones de familias que dependen de estas transferencias. En este delicado rincón de las relaciones bilaterales, cada movimiento de política fiscal cuenta.
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