La gran elección intermedia de 2027 en México ha comenzado con más de un año de anticipación, marcando un periodo crucial en el que se disputarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, varios Congresos estatales y numerosos ayuntamientos. Este ambiente preelectoral ha llevado a los partidos a activar su maquinaria en busca de posicionar a sus candidatos, mientras que las autoridades electorales, con un poder limitado, se enfocan en validar campañas que antes hubieran sido consideradas ilícitas.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha hecho un llamado contundente a los funcionarios públicos: aquellos que planeen postularse deben separarse de sus cargos, ya sean del Ejecutivo federal, estatal o del Congreso. “No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato”, sentenció la presidenta en un reciente discurso.
El contexto electoral en el país está marcado por una profunda desconfianza hacia las instituciones. Los diputados se escudan en el pretexto de “trabajo territorial” para impulsar sus aspiraciones, mientras que las administraciones públicas suelen maniobrar con los colores de sus partidos en tiempos de campaña. El intercambio entre lo público y lo político se vuelve borroso, y Sheinbaum busca implementar medidas que delineen claramente estas fronteras.
Uno de los primeros casos notables en este proceso fue el de Rafael Marín Mollinedo, quien dejó la Agencia Nacional de Aduanas de México a finales de marzo para anunciar su precandidatura al Gobierno de Quintana Roo. Su gestión, marcada por un escándalo de corrupción conocido como el “huachicol fiscal”, ha generado controversia, reflejando las complejidades de la campaña anticipada mientras aún ocupaba su puesto.
Marín Mollinedo no es un caso aislado. Santiago Nieto, actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), ha intentado posicionarse en Querétaro, anunciando su intención de dejar su cargo para convertirse en precandidato. Sin embargo, en una clara manifestación del dilema que enfrentan los funcionarios, su partido ha decidido retrasar las definiciones sobre las candidaturas.
La anticipación no solo ha envuelto al partido oficialista, Morena; otros partidos como el PRI y el PAN también han comenzado a destapar a sus propios candidatos e implementar cambios en sus métodos de afiliación. Este fenómeno de campañas anticipadas ha seguidores entre los partidos, que buscan capitalizar el impulso generado por su competencia.
Bajo este nuevo modelo de “coordinador”, los partidos pueden stretching la ley, ya que, formalmente, no se trata de candidaturas hasta que se pida explícitamente el voto. Este enfoque no es nuevo; se observó en la elección presidencial de 2024 cuando López Obrador forzó renuncias a sus aspirantes para asegurar que se enfocaran en sus campañas.
Así, el clima preelectoral en México se vuelve cada vez más intenso, con múltiples actores lanzando sus redes en la búsqueda de posiciones de poder, mientras las reglas del juego político continúan adaptándose a las realidades del momento. La proximidad de esta elección intermedia promete ser un terreno fértil para maniobras y estrategias que irán definiendo el rumbo del país hacia el futuro.
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