Irán ha ejecutado recientemente a Shahram Sadeghi, un manifestante que fue condenado a muerte por atropellar a siete agentes de policía durante una protesta ocurrida el 8 de enero en la plaza Golzar de Karaj. Este trágico acontecimiento se inscribe en un contexto más amplio, donde Irán se mantiene como uno de los países con el mayor número de ejecuciones a nivel mundial. En 2025, se registraron 2,159 ahorcamientos, más del doble respecto al año anterior, según datos de organizaciones de derechos humanos.
La agencia oficial de noticias Mizan reporta que los ataques de Sadeghi causaron lesiones significativas a los oficiales, incluyendo heridas en la cabeza y extremidades, lo que llevó a que uno de ellos permaneciera en coma durante tres meses. Tras el incidente, el manifestante incendió su vehículo antes de ser localizado en un centro de rehabilitación bajo una identidad falsa. Inicialmente, Sadeghi negaba su responsabilidad, sugiriendo que su automóvil había sido robado. Sin embargo, finalmente admitió haber embestido a los agentes intencionadamente.
El Tribunal Revolucionario de Karaj le impuso la pena de muerte y la confiscación de sus bienes, basándose en acusaciones de “cooperación con entidades hostiles”, en una decisión que fue validada por el Tribunal Supremo. Con esta ejecución, el número de personas ahorcadas por su participación en las manifestaciones de enero asciende a 27. Las estimaciones varían considerablemente, con cifras que indican hasta 7,000 muertes durante las protestas, de acuerdo a fuentes opositoras.
En otro ámbito, el Ministerio de Inteligencia de Irán acusó a dos diplomáticos franceses de participar en actividades de “infiltración e injerencia” en el país. Este incidente desencadenó una condena oficial por parte del gobierno francés, que denunció lo que califica como agresiones premeditadas.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, junto a otros treinta países, ha expresado su más firme condena a las ejecuciones de manifestantes en Irán y ha instado a la república islámica a permitir la libertad de expresión y reunión pacífica. En un comunicado, se enfatiza que el uso de la pena capital para silenciar a los disidentes es injustificable.
Mientras la comunidad internacional observa con preocupación estos acontecimientos, la presión sobre el régimen iraní se intensifica, instando a un cambio en las políticas represivas que han caracterizado a la administración actual. La situación en Irán refleja una lucha aún mayor por los derechos humanos y la justicia en un contexto de creciente descontento popular.
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