En México, los ecos de un entorno institucional que se torna cada vez más hostil hacia el periodismo son alarmantes y evidentes para diversas instancias comprometidas con la defensa de la libertad de expresión. Las autoridades electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, están encontrando nuevas maneras de inhibir la crítica y la fiscalización del poder.
Recientes decisiones judiciales que amenazan la libertad de expresión, junto a iniciativas legislativas que retroceden en derechos y presiones administrativas, han llevado a los medios de comunicación independientes a estar bajo la lupa, no solo en lo que respecta a sus funciones periodísticas, sino también a la regulación impuesta por la ley.
En plataformas sociales, han surgido numerosas denuncias por parte de influencers y reporteros que han sido citados por la autoridad electoral para responder preguntas sobre cómo obtuvieron y difundieron ciertos documentos conocidos como “acordeones”, justo en la antesala de una elección extraordinaria que tuvo lugar el 1 de junio. Un caso destacable es el de La Silla Rota, que recibió un emplazamiento para proporcionar documentos, grabaciones y fuentes relacionadas con una investigación. Se advirtió a este medio que el incumplimiento podría traducirse en sanciones económicas que podrían alcanzar hasta once millones de pesos, lo que ha llevado a sus editores a señalar esta exigencia como una vulneración de su derecho al secreto profesional y la protección de fuentes.
Este tipo de presión institucional se interpreta como una forma de intimidación indirecta al ejercicio del periodismo, según la Sociedad Interamericana de Prensa. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido que responder a las crecientes críticas y reclamos de diversas entidades y personalidades sobre los límites impuestos a la libertad de expresión y los requerimientos relacionados con la obtención de acordeones, formulados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Los formularios que los reporteros y editores deben completar han estado en vigor desde la creación del INE, y no existe una forma de eximir a los obligados de cumplir con esta normativa. En última instancia, serán los magistrados del Tribunal Electoral quienes determinen el rumbo de estas exigencias. Mientras tanto, el INE se ve obligado a seguir las directrices de la instancia jurisdiccional.
En un giro proactivo, bajo la dirección de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la Secretaría Ejecutiva del INE, encabezada por Claudia Arlett Espino, se ha comprometido a implementar una serie de cursos de sensibilización para el personal de la UTCE. El objetivo es promover un lenguaje claro y accesible en las comunicaciones oficiales, especialmente en lo que respecta a notificaciones y requerimientos.
Frases como “La legalidad no está reñida con la empatía” subrayan la intención de la presidenta del INE de abordar las preocupaciones expresadas por los periodistas y otros actores públicos que han recibido notificaciones en el contexto de investigaciones sobre posibles irregularidades surgidas durante la elección extraordinaria para cargos judiciales.
Así, en vez de exacerbar el conflicto, el INE hace esfuerzos para construir puentes y fortalecer su relación con la sociedad, sin desvincularse de sus funciones legales y responsabilidades.
Finalmente, en un contexto paralelo, el Servicio de Administración Tributaria ha desmentido rumores sobre la supuesta eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal, aclarando que no se ha lanzado un nuevo documento para sustituirlo y que la Cédula de Datos Fiscales, introducida en 2023, es un documento adicional para facilitar el acceso a datos fiscales para los contribuyentes.
La información presentada se refiere a eventos y contextos hasta la fecha de su publicación original el 23 de julio de 2025.
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