Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA,aseguró que el estado de Morelos está reprobado en la implementación del mecanismo “gobierno abierto” como la estrategia idónea para combatir la corrupción, en los indicadores analizados por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el estado alcanza apenas 47 puntos de 100, que si bien es cierto el país está en la misma condición, puede traducirse en el fracaso del combate a dicho flagelo.
“Donde cero es una institución cerrada y 100 es una institución abierta, Morelos está en 47, y está arriba de la media, lo cual no quiere decir que no sea una calificación reprobatoria, de hecho el país está reprobado, lo que cabe resaltar en Morelos es que en términos de transparencia está muy desarrollado con más del 60 por ciento”.
Es en la participación ciudadano en donde se tiene una calificación menor a 40 puntos, dijo Álvarez. Y es que dijo, los gobiernos se suelen concentrar o destinar capital humano y económico a responder solicitudes de información y no son generadores de información que incentive la participación ciudadana. “De nada sirve tener los mejores índices de transparencia pero sigue habiendo corrupción”.
Dijo que de acuerdo a la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental describe que más del 80 por ciento de los ciudadanos respondió que la corrupción en Morelos es uno de los principales problemas. “Llevamos más de 20 años de las primeras leyes de transparencia y rendición de cuentas pero apenas cinco años de invertirle a estas lógicas de coordinación y colaboración entre instituciones encargadas de detectar, controlar, sancionar e inhibir la corrupción”.
Recordó que la entidad es recodada por el socavón en el Paso Exprés como uno de los casos más insignes de corrupción en el país, al igual que “Odebrech” y “la Línea 12”.
En el estudio Anatomía de la Corrupción de María Amparo Casar, se sabe también que de 100 casos de corrupción, solo 23 se denuncian y a penas uno tiene consecuencias a nivel país; que las familias destinan alrededor de tres mil 500 pesos anuales en promedio en actos de corrupción para obtener un bien o un servicio de manera más ágil.
Las empresas pierden el cinco por ciento de sus ingresos por este tema; el 23 por ciento de la población se dice insatisfecha con su sistema democrático; entre un 90 y 80 por ciento no confía en sus legisladores, políticos ni su sistema judicial.
Un 85 por ciento de las dependencias son percibidas por los ciudadanos como corruptas, y solo las universidades públicas y el ejército de las instituciones que más confianza generan.
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