La reciente implementación del requisito de planta para proveedores extranjeros de medicamentos sin patente promete transformar el panorama de la industria farmacéutica en México. José Luis García, presidente de la Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud (ASMEDIS), ha señalado que esta medida busca establecer condiciones de “igualdad” que beneficien a la industria nacional, al tiempo que se fortalece la cadena de suministro local.
La estrategia contempla que las empresas extranjeras no solo compitan en el mercado mexicano, sino que lo hagan bajo las mismas condiciones que sus contrapartes nacionales. Esto implica que deberán contribuir localmente, pagando impuestos y generando empleo, algo que, según García, es una necesidad para evitar la llegada de “inversiones golondrinas”, que se limitan a importaciones temporales y no fomentan un crecimiento sostenido.
Un punto clave en esta discusión es la importancia de contar con plantas de fabricación en el país. La falta de este requisito ha llevado a que más de 2,000 empresas extranjeras operen en México, ofreciendo productos a precios competitivos y ganando licitaciones sin la necesidad de tener una presencia física. Este modelo, alertó García, pone en riesgo la estabilidad del sector salud, como se evidenció durante la pandemia de Covid-19, cuando México enfrentó una escasez crítica de insumos.
El presidente de ASMEDIS enfatiza que la obligatoriedad de una planta en el país no solo asegura que los recursos queden en México, sino que también promueve la innovación y la producción local, preparándonos mejor para futuras emergencias sanitarias. La creciente capacidad de fabricación local se traduce en mayor resiliencia, fundamental en tiempos de crisis.
El reciente decreto, enmarcado en el Plan México, busca incentivar las inversiones en el sector farmacéutico, con el fin de generar empleo y reducir los costos de adquisición de medicamentos para el Estado. Las empresas que cumplan con los criterios establecidos, incluyendo los requisitos de calidad regulados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tendrán una ventaja en las licitaciones públicas que se llevarán a cabo en 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que este enfoque no solo beneficiará a la industria nacional, sino que también fomentará una colaboración productiva con entidades como los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). A través de esta estrategia, se busca no solo contener los precios de los medicamentos, sino también impulsar la investigación y el desarrollo dentro del país.
En resumen, el futuro de la industria farmacéutica en México se vislumbra con un potencial renovado. Las nuevas regulaciones tienen como objetivo no solo crear un sistema de competencia más justo, sino también robustecer el sistema sanitario para enfrentar desafíos futuros. La transición hacia una mayor producción local podría marcar un antes y un después para la salud pública en el país.
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