Un grupo de 117 personas, entre las que se incluyen 17 españoles, entre ellos nueve empresarios, y aproximadamente 100 ciudadanos italianos, han logrado ser evacuados de Libia en medio de recientes enfrentamientos violentos en la capital, Trípoli. Esta operación, realizada el jueves desde el aeropuerto de Misrata, tuvo como prioridad garantizar la seguridad de los evacuados, aunque no se ha especificado cómo se concretó el traslado, si a través de aeronaves gubernamentales o vuelos comerciales.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se manifestó en la red social X para declarar el éxito de la evacuación, agradeciendo a las fuerzas diplomáticas operando en Trípoli. La alarmante escalada de violencia en la región fue desencadenada por la muerte de Abdelghani al Kikli, conocido como ‘Gheniua’, un líder militar vinculado al gobierno, lo que resultó en enfrentamientos armados entre diversas facciones rebeldes. Aunque se anunció un alto el fuego tras días de combates, la situación de seguridad sigue siendo inestable, reflejando la continua división política en Libia entre dos gobiernos rivales.
A medida que las milicias se disputan el poder en Trípoli desde la caída de Muamar Gadafi en 2011, la intervención en un contexto de creciente tensiones ha suscitado llamados al juicio de Najeem Osama al Masri, un general libio bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) por ser acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad. A pesar de que Libia no ha ratificado el Tratado de Roma, el 12 de mayo de 2025, el país reconoció la jurisdicción de la CPI sobre crímenes cometidos a partir del 2011, lo que obliga al gobierno a colaborar con el tribunal y tomar medidas contra al Masri.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ha expresado en la ONU la necesidad de que Libia detenga y entregue a al Masri, recordando la responsabilidad del Gobierno italiano en la liberación del general, que había sido detenido previamente en Turín. Este desarrollo ha puesto de relieve los dilemas éticos que enfrentan los países en cuestiones de derechos humanos y justicia internacional.
Afrontando la inestabilidad política, el líder del Gobierno de Unidad Nacional, Abdulhamid Dbeibeh, ha experimentado presión popular tras la muerte de al Kikli, lo que ha llevado a manifestaciones exigiendo su dimisión. Las autoridades han instado a la población de Trípoli a actuar con cautela y han ordenado a las unidades militares neutrales que supervisen el alto el fuego.
Esta situación ilustra la complejidad del escenario libio, en el que las confrontaciones de poder y los reclamos de justicia se entrelazan cada vez más, afectando tanto a sus ciudadanos como a los expatriados que buscan seguridad en medio del caos. La dirección futura del país permanece incierta mientras se navega entre la titánica tarea de reconstrucción y el persistente conflicto de intereses.
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