Por Javier Santiago Castillo
Las mareas embravecidas previas a la jornada electoral han amainado. Los furibundos ataques al INE y al Tribunal Electoral han disminuido, aunque desconocemos el tiempo que dure la “calma chicha”; sin embargo, las corrientes submarinas se agitan y repentinamente hacen naufragar algún navío considerado insumergible.
En el artículo anterior expresamos que “nadie había ganado todo, ni nadie había perdido todo”, pero es indudable que alguien ganó más. Pero, existen aspectos no comentados y, otros en los que es necesario profundizar. Según datos preliminares, la Coalición Juntos Haremos Historia tendrá la mayoría simple con 281 diputados, pero lejos de la mayoría calificada de 334 legisladores. Para la aprobación de alguna reforma constitucional será necesario, al menos, el acuerdo del PRI o del PAN; lo cual se ve distante.
La nueva conformación de la Cámara de Diputados no representará obstáculo para asuntos relevantes de la agenda presidencial, como son: aprobación del presupuesto y la ley de ingresos; colocar funcionarios acordes con sus ideas del rumbo económico del país y de combate a la corrupción (ratificaciones del secretario de Hacienda y del Gobernador del Banco de México y por el Senado del Secretario de la Función Pública, pues sólo se requiere de mayoría simple). En contraste, para el nombramiento del consejero presidente y de tres consejeros electorales del INE en 2023 será necesaria la mayoría calificada, de los dos tercios en la Cámara de Diputados, augurando una negociación ardua. Con el nombramiento del nuevo Gobernador del Banco de México, a fin de año, también se puede esperar un cambio en el uso de las reservas internacionales para financiar proyectos prioritarios del Ejecutivo Federal.
La agresividad con que fue tratado el INE desde la tribuna presidencial y por Morena tuvo un efecto contrario al que los detractores esperaban, la confianza social en el organismo electoral se incrementó para rondar el 60%. A la institución le esperan nuevas ventiscas. La Consulta Popular sobre el enjuiciamiento de ex presidentes y la revocación del mandato presidencial a celebrarse el año próximo ya asomaron las primeras tensiones. En ambos casos la insuficiencia presupuestal es y será el denominador común.
Las carencias financieras que enfrenta y sufrirá el INE son parte de la estrategia política de polarización diseñada desde la presidencia para hacer ver a los adversarios, reales o ficticios, como conservadores y proclives a mantener sus privilegios como miembros de la “burocracia dorada”. Aunque, hay que decirlo, el protagonismo desbocado del consejero Presidente del INE no tiene freno y no contribuye a disminuir las tensiones. Esta semana cuestiona la idea gubernamental de una reforma electoral, sin necesidad alguna, pues no existe propuesta concreta y nació muerta; Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, en el Congreso de la Unión. Además, como titular de una institución de Estado no le corresponde cuestionar las decisiones de los poderes del Estado.
Por otra parte, no podemos obviar que los reacomodos del poder local son un factor del recrudecimiento de la violencia criminal con el fin de eliminar obstáculos a sus actividades y a control territorial que ejercen. Hoy, dígase lo que se diga, la actividad de la delincuencia organizada es una amenaza a la gobernabilidad y no se observa que las acciones gubernamentales, estatales y federales, rindan frutos positivos. El desasosiego de la población en amplias zonas del territorio es agobiante.
Las elecciones de 2018 desestructuraron el sistema de partidos conformado, con variantes, a partir del año de 1997, con la presencia de tres partidos importantes electoralmente (PRI, PAN y PRD), tres partidos menos importantes (PVEM, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano) y de tres a cuatro partidos no importantes que aparecían o se difuminaban de elección en elección.
Las elecciones de este año confirmaron la desarticulación del sistema de partidos. Morena se mantiene como la primera fuerza electoral federal y extiende su presencia al gobernar dieciocho entidades y tener la mayoría en veinte congresos locales. La preeminencia en la Cámara de Diputados sólo puede lograrla si sus aliados electorales lo respaldan legislativamente. Los partidos otrora importantes electoralmente dejaron de serlo, aunque el PAN o el PRI pudieran jugar el papel de partidos bisagra para la mayoría calificada y el PT o el PVEM pueden jugar la misma función para que Morena tenga la mayoría simple en la Cámara Baja.
La Alianza Opositora promovida por empresarios y asumida por el PAN, PRI y PRD carece de propuestas alternativas a las políticas gubernamentales, sólo proponen el fortalecimiento de la vida institucional y estar en contra de las decisiones autoritarias. No hay sustancia programática, no presentan alternativas a los problemas económicos, sociales y económicos que los diferencien del partido en el poder. Además, carecen de liderazgos con presencia nacional. No existe una oposición real, con un discurso coherente y propositivo. En el pasado las oposiciones tenían agenda política propia, en muchas ocasiones ganaban los debates, perdiendo las votaciones. Una función esencial de las oposiciones es enriquecer el debate con ideas que induzcan al partido mayoritario a modificar o al menos matizar sus decisiones.
Una consecuencia de la desarticulación de Sistema de Partidos ha sido el fortalecimiento del Presidente como líder carismático; hay quienes juzgan, equivocadamente, que no tiene interés en la legitimidad; si consideramos que la legitimidad “…consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza…”, sin duda la tiene. La legitimidad es un proceso en el ejercicio del poder, es alimentada ideológicamente día a día en las mañaneras. En el caso del Presidente, más allá de descalificaciones o loas, goza de legitimidad ante la mayoría de la población. Esa legitimidad va más allá de sectores populares. Así lo muestran las reuniones con el Consejo Mexicano de Negocios y Carlos Slim con este último para acordar los términos de reconstrucción de la línea 12 del Metro. Sus interlocutores políticos son los empresarios poseedores de grandes capitales, no los partidos opositores.
El presidente cultiva la legitimidad por dos vías: su discurso político se ha sustentado en colocarse del lado de los buenos, los pobres, descalificando, de manera genérica, a los malos que de forma natural se decantan en el conservadurismo. Así fue como los malos fueron los fifis, los empresarios, los intelectuales neoliberales o no y, ahora la clase media “aspirasionista”. Por otro lado, alimenta la legitimidad, inyectando recursos para paliar la precariedad de la vida de los adultos mayores, mujeres y jóvenes, aunque sus políticas social y económica no los enrutan para abandonar el camino de la pobreza.
Otro asunto en que se manifiesta la fortaleza de AMLO es en el manejo de la sucesión presidencial. El reportaje del New York Times golpeó a los dos aspirantes más sólidos y los hizo confrontarse al difundir detalles del peritaje sobre el accidente en el Metro. La filtración de esa información, no sería excepcional que lo hicieran los servicios de inteligencia de los Estados Unidos con el fin de descarrilar a los dos aspirantes fuertes. Washington no ve con buenos ojos la continuidad de la 4T. La salida a esa bola ensalivada fue quitarles presión a los dos aspirantes ampliando el juego con nombres importantes e intrascendentes y marginando a uno.
Por último, los cambios en el gabinete muestran el control pleno del tablero gubernamental. La manifestación más evidente del fortalecimiento del Presidente será, que en la segunda etapa del sexenio se verá acentuada con una mayor centralización del poder, las decisiones trascendentes vendrán de él y la designación de la candidata presidencial será al viejo estilo. Si las elecciones de 2024 se dan en un escenario similar al presente tendremos 4T seis años más.
