El Poder Judicial en México ha lidiado históricamente con problemas de corrupción y deficiencia. Su evolución ha estado marcada por la subordinación al Ejecutivo, el uso excesivo de tecnicismos en beneficio de ciertos privilegios y, en numerosas ocasiones, la complicidad con intereses de fuerzas políticas y criminales.
Con el inminente proceso de elección judicial, los supuestos beneficios derivados del voto popular para elegir jueces y ministros se ven opacados por una realidad desorganizada y poco viable. Los defensores de esta reforma argumentan que se buscará democratizar el Poder Judicial, haciendo a los jueces responsables ante la ciudadanía. Sin embargo, este ideal parece chocar con un proceso caracterizado por improvisación y control político.
El sistema burocrático que rodea esta elección ha generado una complejidad operativa notable. En ciertos distritos, los votantes enfrentarán hasta 13 boletas para decidir entre miles de candidatos, de los cuales muchos son desconocidos. La falta de acceso a medios tradicionales como la radio y la televisión ha limitado la circulación de información. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha modificado las reglas del proceso más de 100 veces, lo que genera incertidumbre. La falta de transparencia se acentúa al mencionar que el conteo de boletas se realizará a puerta cerrada, sin acceso público.
El diseño de los distritos judiciales también plantea un problema de desigualdad: algunos ciudadanos podrán seleccionar más cargos que otros, lo que contradice la premisa de “una persona, un voto”. A lo que se añade que los candidatos no podrán contar con representantes en las casillas electorales, mientras que se ha registrado a más de 300,000 “observadores”, muchos de ellos vinculados a un partido político dominante. En resumen, lo que se presentó como un ejercicio de transparencia se ha transformado en un escenario opaco.
De esta manera, la elección programada para el 1 de junio no representa una verdadera transformación, sino una simulación en la que se altera la superficie sin modificar las estructuras de poder existentes.
En medio de este contexto, algunos ciudadanos han decidido ejercer su derecho al voto, aunque no crean en la integridad del proceso. Este acto puede interpretarse como un intento de no renunciar a un derecho fundamental. Aquellos que eligen abstenerse no están renunciando a su voz; su decisión puede ser vista como un acto de defensa del sufragio, una forma de rechazar un montaje que carece de legitimidad.
Respecto a si esta elección romperá las élites judiciales, cabe señalar que los candidatos han sido seleccionados por comités en los que el Ejecutivo y el Legislativo tienen un papel predominante, perpetuando las estructuras de poder en lugar de desarticularlas. Las prácticas existentes parecen mantenerse intactas, dejando en entredicho la efectividad del cambio de mecanismo.
En conclusión, cambiar el método de selección sin abordar las raíces que corrompen el sistema judicial parecerá insuficiente. Se pueden alterar las formas, pero el fondo se mantiene inalterado. La situación demanda un examen crítico e informado por parte de la ciudadanía, que espera un cambio significativo en su sistema de justicia.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
