Reunión con Cataluña, solo si hay visos de algún acuerdo

Una reunión y no más. Esta es la situación hasta ahora desde el momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dieron el paso de afrontar una negociación política sobre el conflicto catalán. La única reunión se celebró en septiembre de 2021. Sin acuerdos concretos, pero con la voluntad de seguir los contactos, no romperlos. Hay conversaciones pero sin fecha para una segunda reunión. No se improvisará. Solo se convocará cuando haya probabilidades ciertas de alcanzar algún o algunos acuerdos, según apuntan a este periódico fuentes gubernamentales. A modo de hipótesis se apunta a que el segundo encuentro pueda producirse después del verano, pero depende no solo de que haya algo relevante que comunicar, sino de la marcha del cúmulo de problemas que pesan sobre Columna Digital. Sí hay más convencimiento sobre la celebración del debate del estado de la nación antes del 30 de junio, final del período ordinario de sesiones.

Gestos, los republicanos quieren gestos aunque su demanda no es por interés exclusivo, aseguran los interlocutores consultados. “Al Gobierno central también le interesa que haya diálogo, que los ciudadanos de ambas partes comprueben que la negociación sirve”. Estos postulados republicanos los comparte el Gobierno central. Sí, también tienen “voluntad” de mantener abierto el diálogo, lo dicen en privado y así lo reconoce el portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, en conversación con este periódico. La voluntad sigue intacta, dicen y no pueden adelantar mayor concreción. Todas las energías y los desvelos del Gobierno están en la grave situación económica y de seguridad que vive España y Europa por la invasión rusa de Ucrania.

Las expectativas y, sobre todo, los planes del Gobierno para enderezar la economía tras la paralización del país por la pandemia, con el empuje de los fondos europeos, vuelven a encallar con nuevas realidades, todas negativas. Los frentes para limitar los precios de la energía, la destructiva inflación, en subida libre, la protesta de los sectores profesionales más afectados y, en principio, el mantenimiento de las hostilidades con la oposición conservadora, aunque con menos gritos y adjetivación gruesa, hacen que la agenda del gobierno rebose de problemas.

Todos ellos afectan por igual a Cataluña y a sus ciudadanos. Los retos y las necesidades son de tal calibre que las llamadas de atención sobre la necesidad de afrontar “el conflicto catalán”, sin renunciar en absoluto a un referéndum de autodeterminación, están en la agenda del independentismo, pero las circunstancias les llevan a dar prioridad al día a día de los ciudadanos y todo pasa por la economía. Se puede reclamar desde la política el derecho a celebrar un referéndum, pero esa demanda pasa a un segundo plano cuando está en ciernes un posible escenario de racionamiento energético en toda Europa, recalcan fuentes gubernamentales. No ocultan en el Ejecutivo que la complejidad de la relación entre ERC y JxC permite un cierto respiro al no haber un bloque compacto que ejerza la presión. La tensión entre los dos partidos no disminuye al tener que articular permanentemente su convivencia. Mientras que ERC apuesta por el diálogo con el Gobierno central, en JxC no tienen interés en sentarse en torno a esa mesa de negociación, distinta a la bilateral, que existe en todas las comunidades con el Gobierno, en la que se tratan cuestiones materiales concretas. Al tiempo, el PSC, y su líder, Salvador Illa, ganador de las elecciones catalanas, trabajan por mantener la bandera de que una Cataluña unida es posible y mayoritaria, sin que el independentismo imponga sus posiciones. Ahora les toca negociar la obligación legal de impartir en castellano el 25% de la enseñanza obligatoria.

De todo ello se puede hablar, incluido el extenso temario de 52 puntos que abordaron en primera instancia los expresidentes Mariano Rajoy y Artur Mas.

Las dificultades están donde estaban. El Gobierno central excluye del todo la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero sí quiere hablar de un mayor reconocimiento de la identidad catalana que puede plasmarse en un nuevo Estatuto. Sí se conseguiría que los catalanes votaran, como es preceptivo en las reformas estatutarias. Hablar de lo último es agua pasada por los independentistas, pero no para los socialistas. La próxima reunión está a la espera de que haya algún hilo que les una. Ninguna parte quiere arriesgarse a provocar frustración.