El juez Juan Carlos Peinado se encuentra en el ojo del huracán tras la reciente decisión de abrir un expediente disciplinario en su contra por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este asunto ha tomado forma apenas un día después de que el mismo magistrado hiciera públicas críticas severas hacia la actuación de la policía en un auto que determinaba la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su auto, Peinado realizó una serie de acusaciones que implican a los cuerpos de policía, sugiriendo que podrían haber actuado de manera irregular, facilitando una supuesta fuga que impidiera a la acusada presentarse ante la justicia. Dichos comentarios no han pasado inadvertidos y han motivado la reacción inmediata de la Comisión Permanente del CGPJ, que señala que las expresiones del juez constituyen un abuso de autoridad y falta grave de consideración hacia los cuerpos de seguridad.
Según el Artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), esta falta podría acarrear consecuencias significativas para el magistrado. La regulación establece que cualquier exceso o abuso de autoridad frente a ciudadanos y otras instituciones es pasible de sanción, y el caso de Peinado se alinea con estas infracciones.
El conflicto ha escalado aún más con la intervención del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska. A última hora del sábado, el ministerio emitió un comunicado contundente donde se expresó el rechazo absoluto a las afirmaciones del juez, consideradas de “máxima gravedad”. Grande-Marlaska presentó una queja formal ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, instando a este órgano a tomar medidas oportunas contra Peinado por sus declaraciones que, según la crítica, siembran dudas infundadas sobre la labor de los policías al servicio del Estado.
La situación ha suscitado un debate más amplio sobre la relación entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad, así como sobre la responsabilidad de los magistrados al emitir juicios que puedan afectar la imagen de profesionales dedicados a mantener el orden público. La próxima apertura del expediente disciplinario promete arrojar luz sobre este polémico episodio que podría tener implicaciones significativas para el juez Peinado y para la institución que representa.
(Actualización: información correspondiente a 2026-06-21 03:20:00).
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