Con base en la información que se ha filtrado, producto del hackeo del colectivo “Guacamaya”, al menos cinco miembros del Ejército fueron procesados penalmente en tribunales militares entre 2009 y 2010.
De acuerdo con el documento “Causas penales donde jueces militares se declararon incompetentes para seguir conociendo de los procesos que se instauraron en contra de personal militar”, hechos públicos por la organización Guacamaya, se trata de dos casos donde personal de la institución castrense informaba a miembros de ese grupo delictivo sobre operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el primer caso, con fecha de octubre de 2009, el Ejército descubrió que el teniente de Infantería César N; el subteniente de Infantería, Alexis N, y el sargento segundo, Sergio N, pertenecientes al 33/o. Batallón de Infantería, en Torreón, Coahuila, y al 69/o. Batallón de Infantería, en Saltillo, Coahuila, también reclutaban a oficiales y personal de la tropa para trabajar con Los Zetas.
La Sedena –en ese entonces encabezada por el general Guillermo Galván Galván– detectó otro caso en octubre de 2010. En el reporte de “hechos” se señala que los sargentos segundos de Infantería José Luis N y Evencio N entraron a trabajar para Los Zetas por invitación del sargento segundo Sergio N, que aparecía en la nómina del grupo criminal como Sargento Nido.
“El Sargento Segundo Conductor Sergio N pagaba la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, entregándoles en dos ocasiones. Una de ellas le entregó el dinero en su domicilio de Saltillo y la otra le mandó el dinero con el Cabo Montes”, detalla el reporte.
También se señala que estos pagos se los estaba entregando directamente El Gerry (sujeto no identificado), y destaca que los acusados aceptaron que “sólo les llamaba una persona que se identificaba como El Gerry, del que no se sabía quién era, ni lo conocía, sólo le llamaba para preguntarle a dónde estaban cuando hacían movimiento de vehículos que van a Monterrey”.
Los Zetas o el Cártel de los Zetas fue fundado en 1999 por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén (capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2005) y según informes militares fue considerado el cártel más sanguinario y peligroso de México por sus prácticas terroristas.
Hasta 2016 tuvo su zona de influencia los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit.
El grupo criminal fue el responsable de la masacre de Allende, Coahuila, que ocurrió entre el 18 y 20 de marzo de 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Según cifras oficiales del gobierno federal, en Allende fueron asesinadas 42 personas, mientras que la versión de pobladores y de organismos de derechos humanos aseguran que fueron 300 las personas muertas o desaparecidas por Los Zetas y por policías municipales.
En el reporte de la justicia militar también se menciona un caso de narcomenudeo de un integrante del Ejército en su modalidad de posesión de marihuana, sin fin específico, en el 85/o. Batallón de Infantería, en el municipio Cinco de Mayo, Durango.
Los hechos detallan que el 2 de abril de 2018 “arribaron a las instalaciones militares varios vehículos oficiales con personal que había participado en un operativo; de uno de ellos descendió Alejandro N y le entregó una mochila negra al Cabo Héctor ‘N’, quien estaba desempeñando sus funciones dentro de la base militar”.
Luego el cabo Héctor N se dirigió al dormitorio de la compañía, donde fue interceptado por personal militar, quien le ordenó que regresara a la explanada para revisarle la mochila, “por lo que en el interior encontraron un envoltorio color amarillo conteniendo una tela color blanco con una hierba verde con características similares a las de la marihuana”.
Entre el 26 de abril y el 20 diciembre de 2019 aparece un caso sobre un presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, falsificación y fraude.
Los hechos que expone el juez castrense –señala el documento– se refieren al caso del mayor médico cirujano Julio N, quien “desempeñándose como Jefe de Sala de Medicina de Mujeres del Hospital Central Militar y como especialista en nefrología realizó recetas individuales a diferentes pacientes (derechohabientes) que no necesitaban en su tratamiento”.
También se incluye el caso de un cabo de infantería, Alonso N, acusado de un presunto delito de posesión de marihuana, sin la autorización a la que se refiere la Ley General de Salud.
El 23 de marzo de 2021 –indica el informe– “el Oficial de Cuartel Enrique N, al ver que el Cabo Alonso N ocultaba algo entre sus ropas, le dijo que lo iba a registrar, pero el imputado se negaba”.
“En un descuido, el Sargento José Alejandro N sacó de la bolsa trasera del pantalón del Cabo Alonso N una bolsa que tenía hierba seca, presumiendo que era marihuana, motivo por el cual a las 10:20 horas le leyó sus derechos y procedió a ponerlo a disposición del A.M.P.M (Agente del Ministerio Público Militar)”, dice el reporte.
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