La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha revocado el decreto que autorizaba el traspaso del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En una sesión celebrada el martes, el Pleno del Alto Tribunal concluyó con ocho votos a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y tres en contra que lo autorizado en septiembre por el Congreso de la Unión es “un fraude a la Constitución”, por lo que fue declarado inconstitucional.
La decisión del tribunal se debe a que, según el proyecto de González Alcántara, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, no respeta el carácter civil de la nueva fuerza policial, establecida en la Constitución en 2019, y “va en detrimento de la rectoría que debe tener el Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana en esta materia”.
La Guardia Nacional fue creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 para enfrentar la crisis de seguridad pública en México, y ha estado bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde su creación. La decisión de transferirla a la Sedena fue altamente controvertida, y la revocación del decreto ha sido considerada como una victoria para aquellos que abogan por una mayor separación entre las fuerzas armadas y las tareas de seguridad pública en México.
La decisión de la Corte significa que la Guardia Nacional seguirá bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque no está claro cómo se llevará a cabo la implementación de la decisión y qué implicaciones tendrá para el gobierno de López Obrador y sus políticas de seguridad pública.
El fallo del tribunal ha sido ampliamente aplaudido por grupos de derechos humanos y activistas, quienes han expresado su preocupación por la militarización de la seguridad pública en México y han defendido que la Guardia Nacional debe ser una fuerza policial civil y no militar.
